diciembre 12, 2024
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Claudia Vázquez Andrade

Con un pie en la cárcel…

octubre 10, 2023 | 438 vistas

“No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla”, una frase que deberían haber escuchado y acuñado los entonces funcionarios del gobierno cabecista, porque queda claro que nunca pensaron que su administración tenía fecha de terminación, por ello hicieron y deshicieron sin importarle las reglas y menos la ley, de ahí que hoy algunos de ellos ya están siendo alcanzados por la justicia.

Con todo y los obstáculos que ha tenido que sortear el actual gobierno del Estado para que la procuración y administración de justicia llame a cuentas a los exfuncionarios cabecistas que presuntamente violentaron la ley o malversaron los fondos estatales, finalmente dos exsecretarios fueron vinculados a proceso.

El primero, fue el ex titular de la Secretaría de Educación, Mario Gómez Monroy, se le acusa del desvío de ocho millones de pesos en recursos públicos, y el segundo, exsecretario de la Seduma, Gilberto Estrella Hernández, por el delito de ejercicio ilícito del servicio púbico.

Sin embargo, parece ser que la justicia fue benévola con ellos dos, pues no les dictó prisión preventiva, enfrentaran el proceso en libertad.

Eso sí, ambos fueron advertidos que no podrán salir del estado y obvio del país. Es algo así como “confío en ti, no te vayas a fugar”, claro que muy seguramente son personas de fiar, y quizás de toda la confianza del juzgador que les dio ese beneficio.

Pero bueno, los exfuncionarios igual pudieron acudir al amparo de la justicia, con el juez particular del panismo, o mejor dicho de Cabeza de Vaca, que ahí está listo para lo que se ofrezca.

Deveras que los tamaulipecos no han tenido suerte en los últimos años, porque cuando les ganó el hartazgo y confiaron en un nuevo gobierno esperando un mejor futuro y justicia, tuvieron más de lo mismo, o quizás peor.

Luego, ven una luz de esperanza en un gobierno transformador, y aunque queda claro que hay voluntad política por hacer justica, la directora Jurídica del gobierno estatal, dijo abiertamente que había un estancamiento en los expedientes consignados ante la autoridad judicial.

Mientras tanto la sociedad está a la espera de cual será el desenlace de esta trama.

 

LA ÚLTIMA

Histórico será para los morenistas y obviamente para los tamaulipecos, cuando finalmente algún exfuncionario cabecista sea llevado a la cárcel, así sea bajo el termino de prisión preventiva, como se asegura que será el caso de la exdirectora administrativa de la contraloría estatal, Alejandra “R”.

La exfuncionaria fue acusada de haber realizado cobros como proveedora, mientras laboraba para este órgano de control.

Sin embargo, la autoridad judicial le tipificó el delito como “peculado”, lo que no satisfizo a la directora jurídica impugnando la resolución y ello llevó a la reconsideración del delito recalificándolo como “delito abusivo de ejercicio de funciones”.

Y éste amerita prisión preventiva oficiosa, lo que significa que solo será cuestión de tiempo para que Alejandra “R” sea internada en el Centro de Ejecución de Sanciones de la capital tamaulipeca.

Claro que la reclusión de la ex colaboradora del gobierno cabecista, si es que finalmente se da, será bien vista por el ciudadano común, pues para nadie es un secreto que el Tamaulipeco ha demandado justica en contra de quienes presuntamente han saqueado al erario estatal.

Es del conocimiento público que hay la voluntad política por parte del gobierno del estado para llevar a cuentas a quienes en la administración pasada abusaron del poder que representaban y malversaron los recursos económicos.

Pero también es público el blindaje que tienen, de ahí que los procedimientos judiciales hayan sido lentos, incluso, calificados por la misma directora jurídica del estado, como estancadas.

En fin, como bien dice el dicho popular que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, ya se dio la primera vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa, en la persona de Alejandra “R”.

Falta por ver si el caso de los dos exsecretarios que enfrentan su proceso en libertad también se reclasifican sus delitos y terminan en el penal del Estado.

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