México por décadas ha sido un país saqueado, desde tiempos de los españoles hasta las épocas actuales, por políticos corruptos que gobernaron las presidencias de la República y las entidades federativas.
Solo basta darles una revisada a los antecedentes históricos del país para quedar sorprendidos y reflexionar de cómo la corrupción y el nepotismo por décadas han invadido y controlado la esfera política de México.
Los mexicanos no olvidamos gobiernos nefastos como el del célebre José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco (1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982), que provocó una terrible crisis de la deuda pública, la cual se derivó en el mal manejo del patrimonio nacional.
López Portillo y Pacheco pactó el 17 de enero de 1979 a la economía mexicana hacia la apertura rumbo al neoliberalismo, cuando se firmó la carta de intención para el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la que se formalizó el 24 de julio de 1986 durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.
Durante su mandato, José López Portillo benefició a su hijo José Ramón, quien formó parte del gabinete ampliado, el junior disponía de su influencia para hacer y deshacer con la venia de su padre.
El entonces presidente lo llamó “el orgullo de mi nepotismo” con gran cinismo y descaro. Hasta la fecha en muchas regiones del país estás irregulares practicas prevalecen.
El entonces presidente de México, José López Portillo, nombró a su hijo subsecretario de Planeación en la Secretaría de Programación y Presupuesto, generando malestar de la sociedad mexicana y de la oposición de aquel entonces que predominaba en el Congreso de la Unión.
Por si fuera poco, José López Portillo colocó a su hermana Margarita en la dirección de RTC (Radio, Televisión y Cinematografía).
Podemos seguir mencionando a ex presidentes o a ex gobernantes estatales corruptos, pero me llevaría cuartillas o tal vez un libro en escribir, por lo que nos dirigimos al asunto del tema, y reflexionemos, de cómo la corrupción ha estado presente por décadas en el país.
Sus formas de acción varían, las más comunes son el patrocinio, el soborno, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, uso ilegítimo de información privilegiada, la prevaricación, el compadrazgo, la cooptación y el nepotismo.
Desafortunadamente a la fecha estos males prevalecen en muchos gobiernos municipales y en entidades del país, hoy podemos apreciar como algunos políticos participan en busca de un cargo de elección popular cobijados por los cotos de poder a los que pertenecen.
De acuerdo con datos del Inegi en 2021, 57.1 por ciento de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa, solo por debajo de la inseguridad pública.
Aunado a que el costo promedio de corrupción por trámites y servicios fue de tres mil 44 pesos por persona.
México requiere de órganos reales, autónomos e independientes anticorrupción en el que se aplique la ley sin distinción en todo el país, ello permitiría atender, detectar, prevenir y sancionar los tipos y actos de corrupción, que no solo afectan a las finanzas públicas, sino a toda una comunidad, su bienestar y progreso.
Si se sancionara este ilícito y el dinero fuera recuperado, México tendría una bolsa de recursos amplios que otorgaría mejores servicios públicos a su población como hospitales y medicinas de calidad.
Al 20 de marzo de 2024 el Inegi, a través de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del año 2023, destacó que 83.1 por ciento consideró frecuente la corrupción y 14.0 por ciento la experimentó al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios, o al tener contacto con alguna persona servidora pública.
Los servicios públicos básicos a los que la ciudadanía dio calificaciones más bajas fueron calles, avenidas y policía. El grado de satisfacción de estos servicios en el ámbito nacional fue de 27.2 y 29.7 por ciento respectivamente. En noviembre y diciembre de 2023 el 83.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción.
De la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o tuvo contacto con alguna persona servidora pública durante 2023, 14.0 por ciento experimentó actos de corrupción.
A nivel nacional en 2023 los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en once mil 910.6 millones de pesos. La cifra equivale en promedio a tres mil 368 pesos por persona víctima.
En 2023, la tasa de población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 13 mil 966 por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional. La tasa de incidencia fue de 25 mil 394 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2023 fue el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.4 por ciento, y siguió el trámite para abrir una empresa con 27.5 por ciento.
En 2023 el costo total a consecuencia de la corrupción cuando se realizan pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de once mil 910 millones de pesos. La cantidad equivale en promedio a tres mil 368 pesos por persona afectada.
A nivel nacional, 48.2 por ciento de la población confiaba en los gobiernos estatales. El 49.9 por ciento de la población confiaba en los gobiernos municipales y alcaldías.
Cabe destacar que la corrupción propicia que no exista credibilidad de la ciudadanía hacia sus autoridades y los gobiernos en turno, además de que genera el desprestigio de la clase política.
La corrupción afecta principalmente a los ciudadanos más vulnerables, así como a los servicios básicos, desde agua potable hasta el sector salud, los hace insuficientes para satisfacer las necesidades más prioritarias para la ciudadanía.
Además, la corrupción afecta las políticas públicas que contribuyen a tener en las ciudades, localidades y regiones mejores avenidas, plazas, calles, carreteras y escuelas.
Por ello es importante que las candidatas y candidatos que hoy participan en busca de un puesto de elección popular realicen propuestas y expliquen a la sociedad de salir triunfantes en los comicios del 2 de junio, cómo laborarán para erradicar la corrupción, porque estas atentan contra la democracia.
Los recursos públicos deben de ser sagrados, porque son los mecanismos rectores de una sociedad que contribuyen al bienestar de un país.
Así las cosas…
Y Usted, ¿qué opina?
Nos vemos a la próxima.