Rogelio Rodríguez Mendoza
Más allá de filias o fobias partidistas, una gran mayoría de quienes tienen nociones mínimas del Derecho coinciden en que la reforma judicial, particularmente la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, tendrá repercusiones desastrosas para el país.
Soy un convencido de que aquellos que, aun siendo peritos en Derecho o juristas, avalan y aplauden las modificaciones a la ley suprema del país, lo hacen por dos razones: una, porque cuidan privilegios al ser parte de algún gobierno (el federal, estatal o municipal) o porque son simpatizantes, o parte, de la corriente política en el poder; o ambas cosas. No lo hacen porque crean en los fundamentos de la reforma.
Para quienes no nos influye ni una cosa ni otra, nos queda claro que la reforma judicial aprobada marcará un antes y un después en la historia del país. Eso lo hemos dicho una y muchas veces.
Nada nos daría más gusto que equivocarnos, y reconocer que elegir a los juzgadores en las urnas permitió tener un Poder Judicial más eficiente y sin corrupción, como nos lo han prometido.
Sin embargo, dudo mucho que eso vaya a suceder. Por el contrario, como hemos advertido, me parece que entramos a un proceso de destrucción de un sistema de impartición de justicia, que, aunque con fallas, se había fortalecido y ganado el respeto de una gran parte de la sociedad. Era el último bastión de los mexicanos contra la injusticia y los excesos del poder público.
Pero déjeme decirle que a pesar de todas las gravísimas implicaciones que tendrá la reforma judicial, esta se quedará chiquita frente a las consecuencias que tendrá la reforma de reciente aprobación, que impide la impugnación de cualquier modificación a la Constitución.
Desde mi punto de vista, los resultados de esta reforma serán todavía más nefastos para la sociedad. La reforma judicial pone en riesgo el sistema de pesos y contrapesos, porque debilita y atenta contra la independencia del Poder Judicial, pero la inimpugnabilidad de las adecuaciones a la ley suprema lo sepulta por completo.
Las consecuencias serán todavía más desastrosas en las entidades federativas, donde, de plano, nunca ha existido una división de poderes, porque el Legislativo y el Judicial siempre han estado subordinados o sometidos al Ejecutivo.
Era en los Estados donde las minorías legislativas recurrían más a los medios de control constitucional, como las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, para combatir excesos de las mayorías parlamentarias, algo que ya no podrán seguir haciendo.
Por eso mi afirmación de que la reforma que establece la inimpugnabilidad será mucho más dañina que la reforma judicial, aun e insistiendo en las gravísimas consecuencias que esta tendrá para el sistema de justicia.
Esa es nuestra triste realidad. Por eso aquí mismo fuimos también insistentes de lo peligroso que sería que un solo partido tuviera mayoría calificada en las legislaturas, tanto la federal como las estatales. Las consecuencias ya la estamos viendo y padeciendo. Como dice el refranero: Estamos cosechando lo que sembramos.
EL RESTO
OTRO EDIL INDISCIPLINADO.- El alcalde de Madero, el morenista Erasmo González Robledo, debería verse en el “espejo” de algunos de sus pares, cuya indisciplina y soberbia los ha llevado a confrontarse con quien ejerce la máxima jerarquía política en el estado y que, como consecuencia, hoy enfrentan procesos penales por corrupción, y desde el Poder Legislativo les han activado procedimientos que podrían derivar en la revocación del mandato.
Y es que el edil sureño parece haberse olvidado de que ya no es diputado federal y que, por más vínculos o padrinazgos nacionales que tenga, su lealtad política, aunque sea de apariencia, deberá estar con su jefe estatal y no llevarle las contras como lo viene haciendo.
Sobre todo, porque se sabe que González es uno de los acelerados que ya andan trabajando en pro de la sucesión gubernamental. De ese tamaño la ambición política.
ASI ANDAN LAS COSAS.
