Aunque corre el riesgo de que un tribunal federal les invalide el decreto, la bancada de Morena y sus aliados le dieron “jacque mate” al PAN, al aprobar reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que les permite designar a un Auditor Superior interino.
Los diputados guindas encontraron, por fin, la forma de sacarle la vuelta al blindaje que el cabecismo dejó en la Constitución local, cuando estableció que, para la designación de un nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se requiere del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno legislativo.
Como Morena no reúne los 24 votos que conforman las dos terceras partes de la asamblea parlamentaria, tomó un atajo para salvar ese escollo constitucional, reformando la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para ajustarla a sus propósitos.
Lo hizo primero, hace poco tiempo, cuando estableció que, en caso de que no se logre la designación del titular de la ASE en el Pleno, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado designará a un interino.
Y ésta semana redondeó la estrategia, a través de otra iniciativa de decreto para reformar los artículos 88 y 89 de la misma Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la cual fue avalada por el Pleno del Congreso del Estado, a pesar del voto en contra del PAN y la abstención del PRI.
De esa manera, tan pronto sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, la ley establecerá que, la Comisión de Vigilancia notificará al Congreso, con 120 días de anticipación, la fecha del vencimiento del periodo para el que fue electo el titular de la Auditoría Superior del Estado.
Así, el Congreso estará en condiciones de iniciar el procedimiento de designación de un nuevo titular, el cual deberá quedar electo al menos 60 días antes de que concluya su encargo el que esté en funciones.
Los morenistas pretextan que la precisión es necesaria, porque actualmente la ley tiene un vacío en cuanto a las fechas de designación del nuevo Auditor, al señalar solamente que, deberá ser “de forma inmediata”, término que resulta impreciso.
En el supuesto de que el Pleno no logre la designación de un titular, porque no se alcanzó el respaldo de las dos terceras partes de sus integrantes, será la Junta de Gobierno (actualmente presidida por Morena), la que designe a un interino, que tendrá las mismas facultades constitucionales y legales del titular.
Para cerrar la pinza, los morenistas adicionaron un segundo artículo transitorio, con el que de plano se otorgan asimismo el derecho a designar a un Auditor interino, sin necesidad de consultar a la asamblea parlamentaria.
“Por única ocasión, posterior a la entrada en vigor del decreto, la presidencia de la Junta de Gobierno deberá proponer lo más pronto posible al órgano de dirección política, (la mesa directiva del Pleno) sin previo aviso de la comisión, (de vigilancia), el acuerdo para presentar la acción mediante la cual se realiza la propuesta de un nuevo titular de la ASE”.
“Ello, toda vez que al entrar en vigor el presente decreto ya son del dominio público los plazos establecidos y está próximo a vencer el periodo para el que fue designado el auditor en funciones”, concluye dicho transitorio.
Con esa jugada, los morenistas tienen todo a su favor para que se apoderen de la Auditoría Superior, algo que han buscado con insistencia desde hace casi un año.
El gran problema con la Auditoría Superior del Estado es que, desde siempre los gobiernos la han utilizado como una instancia de golpeteo político. Desde ahí, el partido en el poder ha chantajeado o amagado a alcaldes o políticos incómodos, manipulando sus cuentas públicas.
Lo ideal sería que la ASE fuera un auténtico órgano fiscalizador de los recursos públicos, alejado de injerencias políticas. ¿Lo será en esta ocasión? Veremos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
