A como se están observando las cosas, posiblemente ninguno de los ex titulares de área en la administración estatal anterior, involucrados en presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, podría pisar la cárcel.
Si bien por la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, han empezado a judicializarse algunos casos, pareciera que los argumentos que sustentan la denuncia, no son de peso.
Al menos así lo reflejan, los tres primeros casos en los que se han vinculado a proceso a la misma cantidad de responsables de áreas.
Y no es que quisiéramos ver tras las rejas a alguien en lo particular, sino que más allá de eso, quienes los denunciaron, lo hicieron mal.
Está el caso de MARIO “G”, ex titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, acusado de desviar recursos a través de la compra irregular de pólizas de seguro.
Otro de los casos, es GILBERTO “E”, quien estuviera al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en la administración del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.
A GILBERTO, también se le acusa, pero de condonar multas a particulares de manera ilegal.
El último de los vinculados a proceso, es ALEJANDRA “R”, ex directora administrativa de la Contraloría del Estado, a la que se acusa de cobrar como proveedora mientras era funcionaria estatal.
Son los casos que se han judicializado, pero quienes conocen de derecho, consideran que ninguno de los tres podría pisar la cárcel, por las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Y exponen, o los argumentos no son de peso o bien, las denuncias están mal interpuestas.
Otra de las hipótesis, es que, al judicializarse, lo que se buscó es que las faltas no fueran tan graves, para que los ex funcionarios de la anterior administración estatal, cuando mucho fueran amonestados o con sanciones administrativas menores, que no van más allá de una inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Se supone, que las denuncias contra ex titulares de área las interpuso el área jurídica de cada dependencia.
Quizá la que recibiría prisión oficiosa, es la ex directora administrativa de la Contraloría.
Aún resta una cantidad importante de carpetas por judicializarse y en ellas, posiblemente la sanción sea mayor. En fin.