Una cosa es cierta: el Auditor Superior del Estado JORGE ESPINO ASCANIO, difícilmente se irá antes de que termine su periodo en el mes de febrero del 2024.
Y no se irá, porque simple y sencillamente no hay justificación alguna como para renunciar al cargo, pese a la presión que se ha ejercido en su contra desde el Congreso local.
El problema no es ESPINO, sino los legisladores, sobre todo los que forman parte de la Comisión de Vigilancia y otros del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local.
En las ocasiones en las que lo han citado a comparecer, JORGE les ha dado cátedra a los legisladores, los que lejos de prepararse, han mostrado desconocimiento, inexperiencia y falta de capacidad, para simple y sencillamente cuestionar al Auditor.
Y es que hacen tanto ruido para que comparezca, que el día que lo tienen enfrente, no saben ni qué preguntarle.
Hasta hueva le da a ESPINO acudir al llamado, pero obligado por la legislación se ve en la necesidad de ir, verles la cara y aguantarlos.
En la última, comparecencia, a ESPINO le pidieron información sobre algunas cuentas públicas, que lógicamente, no les puede proporcionar.
Y no es tanto porque oculte información, sino porque en todo se siguen etapas para no violentar el debido proceso, sobre todo en aquellas cuentas con observaciones no solventadas.
Y no es por defender a JORGE ni mucho menos porque sea de nuestro agrado, pero lo dijo en su momento el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella “la ley, es la ley”.
A los legisladores de la Comisión de Vigilancia como a los de Morena todo se les hace fácil, como el hecho de pedir información y hacerla pública.
Tan solo a la ASE les toma casi un caso llevar la revisión de las cuentas públicas y los legisladores quieren resolver en cuestión de horas, cuando si siquiera son técnicos especializados y menos capacitados.
La Constitución indica que la ASE es el órgano técnico de fiscalización.
Ese ente inicia la auditoría con la información que le llega, que por el simple hecho de llegar incompleta, es la primera observación que se hace.
Por ende, lo primero que hace la Auditoría, es decirle al Congreso que no cumplió tal o cual municipio.
Ese mismo ayuntamiento tiene un tiempo de 30 días hábiles para solventar la observación enviando la información y la Auditoría dispone de 120 días más para revisar si cumplieron o no.
Si no cumple, no se puede hacer pública la información, porque además de ser reservada por una investigación que se sigue, sería tanto como violentar el proceso. En fin.
