Desiderio García Sepúlveda
En México, la impunidad es un problema grave que afecta la seguridad y la justicia. De cada cien delitos que se cometen en el país solo 6.4 se denuncian ante las autoridades. Esto significa que más del 93 por ciento de los delitos quedan en la impunidad. Pero incluso cuando se denuncian, la resolución de los casos es muy baja. Solo 14 de cada cien logran resolverse. Esta cifra es alarmante y refleja la necesidad de mejorar la eficiencia y la efectividad del sistema de justicia en México.
Este elevado nivel de impunidad se refleja en la desconfianza de la ciudadanía hacia los ministerios públicos y las procuradurías estatales, ya que únicamente el 10.3 por ciento de las personas manifiesta tener un alto nivel de confianza en estas instituciones.
Un gran porcentaje de la ciudadanía considera que las autoridades están implicadas con la delincuencia, que los ministerios públicos no investigan y que los jueces liberan a los delincuentes, lo que incrementa aún más el margen de impunidad en el país.
En este contexto, la denuncia digital surge como una alternativa para facilitar la recepción, gestión y seguimiento de denuncias. Aunque la brecha digital sigue siendo un reto, el uso adecuado de la tecnología puede mejorar el acceso a la justicia.
La digitalización de la justicia en México ha sido un proceso inevitable, impulsado en gran medida por la pandemia de covid-19 y la necesidad de modernizar el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, el reciente informe sobre la transformación digital de las fiscalías en México, elaborado por la organización “Impunidad Cero”, revela un panorama mixto: avances significativos en algunas entidades y un preocupante estancamiento en otras.
Uno de los puntos centrales del informe es la implementación de plataformas digitales para la denuncia de delitos. Aunque 19 de las 32 Fiscalías Generales de Justicia del país han adoptado herramientas digitales, solo 13 proporcionan información estadística sobre las denuncias recibidas a través de estas plataformas. Además, en muchos casos aún se exige la validación presencial, lo que contradice la esencia misma de la digitalización: agilizar procesos y evitar trámites innecesarios. ¿De qué sirve una denuncia en línea si, al final del día, el ciudadano debe acudir a ratificarla en persona?
Otro aspecto clave es la falta de interconectividad entre sistemas. Las fiscalías han desarrollado plataformas propias sin una estrategia coordinada que permita el intercambio de información entre estados o con el Poder Judicial. Esto limita la efectividad de la digitalización y deja un vacío en el seguimiento de los casos. La tecnología no solo debe implementarse, sino integrarse de manera estratégica para mejorar la procuración de justicia.
Además, preocupa el rezago en ciberseguridad. Muchas fiscalías se negaron a proporcionar información sobre sus políticas de protección de datos, lo que sugiere que ni siquiera cuentan con protocolos sólidos en esta materia. En un contexto donde la digitalización implica la gestión de información sensible, la seguridad debería ser una prioridad, no un tema reservado o desconocido.
El Índice de Transformación Digital de las Fiscalías (ITDF) 2024 muestra que los estados con mejores resultados son aquellos que han tomado la digitalización como un eje estratégico dentro de sus planes de trabajo. Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León encabezan la lista. En contraste, los peores evaluados fueron Morelos, Tlaxcala, Campeche, Tamaulipas y Guerrero, después de Coahuila y Nayarit, que no respondieron a las solicitudes de información. Estos estados obtuvieron valores por debajo del 40 por ciento, principalmente debido a su opacidad y falta de respuesta.
La transformación digital no consiste solo en dotar de tecnología a las instituciones, sino en modificar procesos para hacerlos más eficientes y transparentes. En este sentido, muchas fiscalías parecen más preocupadas por aparentar modernización que por implementar cambios reales que beneficien a los ciudadanos. Sin voluntad política y una estrategia integral, la digitalización de la justicia en México corre el riesgo de convertirse en una simulación más.
