En una primera instancia, el Tribunal Electoral del Estado dispone hasta el 20 de agosto para resolver impugnaciones en el resultado de la elección de 14 ayuntamientos y tres en diputaciones locales.
Los medios de impugnación tienen semanas de presentados ante esa instancia jurisdiccional, en etapa de sustanciación algunos, por parte de la secretaría ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Y aunque los magistrados electorales locales disponen de más de un mes para resolver los medios de impugnación, difícilmente variarán los resultados de la elección de Ayuntamiento y diputaciones locales.
De hecho, pudiera decirse que es parte de una estrategia del Tribunal, para que se enfríen los ánimos políticos electorales, entre el Partido Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional.
De hecho, lo mismo sucede con los procedimientos especiales sancionadores que desde hace más de una semana ha resuelto el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
A ciencia cierta no llevamos la cuenta, pero de los resueltos, no han pasado de simples amonestaciones públicas e incluso, ser incluidos en el catálogo de sujetos sancionados.
Lo que sí podemos asegurar, es que el más frecuentado con las amonestaciones públicas, ha sido el alcalde de Reynosa CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ. Es decir, la multa, sanción, apercibimiento o lo que haya aprobado el Consejo General del Ietam, ni cosquillas le han causado al presidente municipal de esa ciudad fronteriza.
En el peor de los casos, es que el mismo Instituto le ha comprobado el uso de recursos públicos para la promoción personalizada, toda vez que siendo alcalde con licencia, lo hizo en el periodo de campaña como candidato para un nuevo periodo de tres años.
La última amonestación pública, la aplicó el CG del Ietam, ahora por comprobar que CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ realizó actividades proselitistas en día y hora hábil. Es decir, siendo alcalde, pero como candidato a la alcaldía de Reynosa.
En pocas palabras, la autoridad administrativa le comprobó, lo que se denunció como presuntas irregularidades, pero ni así le fue suficiente al Instituto para una sanción todavía más drástica, quizá porque la ley no lo contempla. En fin.
