Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Esta semana, podría llegar al Pleno del Congreso del Estado el dictamen de una iniciativa de decreto de dos filos, porque aun cuando busca proteger diversos derechos humanos de los diputados, también encierra un grave riesgo para la actual y las futuras legislaturas.
La acción legislativa consiste en la adición de dos párrafos al artículo 28 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso, la cual busca, básicamente, permitir a los diputados o diputadas sin partido integrarse en un grupo parlamentario, con todos los derechos y obligaciones que actualmente tienen las bancadas partidistas.
“En caso de que en el transcurso de la legislatura se declaren dos o más diputados sin partido, a fin de garantizar el derecho de libre asociación, podrán formar un grupo parlamentario o fracción parlamentaria, según sea el caso”, dice uno de los párrafos que se propone agregar.
El otro señala que: “El grupo o fracción parlamentaria participará con voz y voto dentro de la Junta de Coordinación Política, será tomado en cuenta para integrar la Diputación Permanente, así como la Mesa Directiva, y a fin de garantizar el principio de igualdad y no discriminación, tendrán todas las prerrogativas que la ley prevé para los grupos y fracciones parlamentarias partidistas”.
La reforma es impulsada precisamente por las diputadas sin partido: Linda Mireya González, Sandra Luz García Guajardo y Danya Silvia Aguilar Orozco. La consideran necesaria para garantizar derechos tales como el de asociación, libertad de expresión, de igualdad, no discriminación y otros.
Las tres legisladoras ganaron su curul por el PAN, pero al inicio de este período ordinario de sesiones decidieron abandonar la bancada panista para declararse diputadas sin partido, y ahora buscan que las reconozcan en la ley como grupo parlamentario, porque en los hechos ya actúan así.
Es casi un hecho que la iniciativa avance porque va bien sustentada y motivada, pero también porque tiene el respaldo de la bancada mayoritaria en el Congreso, que es la de Morena, lo cual significa que, aun cuando el PAN, PRI y MC se negaran a respaldarla, bastarían los 16 votos de los diputados guindas y de las mismas tres impulsoras de la reforma, para lograr los 19 votos que se requieren para que el Pleno la apruebe.
Debemos recordar que cuando han llegado al Pleno iniciativas de reformas a la ley del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva, Isidro Vargas Fernández, ha estado aplicando la disposición del artículo 67 de la Constitución local, que para su aprobación exige mayoría simple y no el artículo tres de la misma ley que se propone modificar, y que reclama mayoría calificada.
Es por eso que, insisto, la reforma tiene muchas posibilidades de avanzar, porque solo se requerían 19 votos y no 24.
Una reforma como la que se intenta daría a las tres diputadas que la promueven los mismos derechos que les asisten actualmente a las bancadas de Morena, PAN, PRI y al representante de MC. Por ejemplo, serían parte, con voz y voto, de la Junta de Coordinación Política, donde se toman las decisiones más importantes del Congreso.
Además, podrían aspirar a formar parte y presidir la Mesa Directiva del Pleno, y estarían en condiciones de obtener todas las prerrogativas y subvenciones que una bancada partidista.
Sin embargo, hay un grave riesgo: una reforma de esas características podría abrir la puerta a un eventual resquebrajamiento de la legislatura, la presente y las subsecuentes.
¿Por qué? Simple: porque alentará a que diputados inconformes con sus bancadas opten por declararse sin partido para integrarse en un nuevo grupo parlamentario.
Así, podría darse el caso extremo de que, en una legislatura haya más grupos parlamentarias sin partido que con partido, porque la ley dice que con tres diputados basta para integrar uno de ellos.
En esas condiciones, habrá que estar pendiente de lo que deciden los diputados locales.
ASI ANDAN LAS COSAS.
