Melitón Guevara Castillo.-
En toda organización hay jerarquías. Puestos con más autoridad que otros. Y en el caso de la organización social, como el Estado, pese a que hay tres poderes, el más poderoso es el Ejecutivo: el Presidente, a nivel nacional; el gobernador en los estados y el presidente municipal.
Hay, es cierto, otros personajes poderosos, de los que llaman poderes fácticos, como los líderes económicos sin embargo, los instrumentos y mecanismos con que cuenta quien ejerce el poder público son difíciles de soslayar.
Hay, sin embargo, otros puestos que son también poderosos por el tipo de atribuciones o funciones que la ley les concede. Y ese poder se puede observar en determinado momento: En una elección, el poder de los órganos electorales es indiscutible, al grado que puede tumbar candidaturas; en todo tiempo, los fiscales que son autónomos, pueden aplacar ansias y hasta convertirse en verdugo de enemigos políticos Por eso, estos puestos simbolizan poder y vaya que lo ejercen: basta ver lo que está sucediendo en Tamaulipas.
NO HAY INSTITUCIONALIZACION.
Una rutina, digamos de institucionalización, perdura por sexenios en los gobiernos. El gobernador saliente, como atención al que llega, le presenta las renuncias de sus principales colaboradores. Así, el nuevo, hace los nombramientos que correspondan.
Eso, entiéndase, cuando la transición gubernamental es del mismo partido; y son otras las actitudes al ser de bandos contrarios. Eso fue lo que sucedió en la entidad; con una justificación, el auditor y el fiscal son, en términos formales, autónomos.
Son herencias que se dejan y que, en la práctica, se convierte en un problema para gobernar. A la vista están como ejemplo lo que sucedió en Veracruz, el fiscal panista no quería renunciar y lo despidieron hasta que Morena logro la mayoría en el Congreso.
Ahora está en prisión; en el caso de Morelos, el fiscal no ha querido renunciar y el gobernador Cuauhtémoc Blanco ya mejor se dio por vencido. Y en Nuevo León, el que nombró el Congreso fue vetado por el gobernador Samuel García, así que tienen uno por Ministerio de Ley.
En otras entidades han renunciado, o los han presionado para que lo hagan. El caso es que, en Tamaulipas, no encuentran la forma de hacerlos a un lado.
ESTAN EN SU DERECHO.
Jorge Espino Ascanio, el ingeniero mecánico que el anterior panista puso de Auditor Superior, así como Raúl Ramírez que llego por la misma vía a ser el Fiscal Anticorrupción, en términos formales no están obligados a renunciar. Fueron electos para un periodo determinado y para correrlos se tienen que cumplir varias condiciones entre ellas, que en el Congreso Local tenga la mayoría necesaria la fracción parlamentaria de Morena. Su renuncia, digamos voluntaria, tendría que ser negociada o gestionada por la vía de la negociación.
Y se recurrió al método de la confrontación. Ramírez de plano recurrió al Poder Judicial, amparándose; y en el caso de Jorge Espino, la confrontación está subiendo de tono, al grado que en este momento la Comisión Legislativa ya le aplico como medida de apremio una multa.
¿Hasta dónde van a llegar?
Difícil saberlo, lo cierto, indiscutible, es que, a Morena como gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, les ha faltado capacidad y creo que hasta conocimiento para lograr sus propósitos.
La parálisis, digamos funcional, tanto de la Auditoria Superior como de la Fiscalía Anticorrupción, es evidente, es consecuencia de la confrontación por los puestos.
Los titulares, obvio, protegen los intereses del anterior grupo dominante; y el actual, quiere esos puestos, igual para protegerse. Unos y otros actúan con una visión, digamos retrograda, del papel que ambas instituciones deben desarrollar: combatir la corrupción.
COMPLICIDADES INSTITUCIONALES.
En la práctica instituciones como la Auditoria Superior, como la Fiscalía Anticorrupción, han funcionado como mecanismos de protección para el gobierno en turno; que utilizan, por otra parte, como herramientas de presión, de extorsión, en contra de los enemigos político en este caso, sobre los alcaldes: por eso Morena pide los expedientes de 42 municipios, cuentas públicas que fueron aprobadas en la legislatura anterior fast tract. Piensan, están convencidos, de que van a encontrar más evidencias de corrupción de los gobiernos panistas.
