Rogelio Rodríguez Mendoza
La situación del sector agrícola de Tamaulipas se sigue agravando, al grado de que ha entrado en una fase terminal que, de continuar así podría detonar una crisis social sin precedentes en el sector rural.
Los reportes insistentes de las organizaciones campesinas son desalentadores y preocupantes. Hay, por ejemplo, un incremento acelerado en el abandono de tierras, y a la par de ello está creciendo el fenómeno migratorio de familias enteras, que se ven obligadas a dejar sus comunidades para ir en busca de sustento a las ciudades.
Se calcula que la cifra de tierras abandonadas rebasa con facilidad las cien mil hectáreas, sobre todo en municipios del valle de San Fernando.
Al carecer de recursos para sembrar sus parcelas y no existir quién las rente, los agricultores se ven empujados a dejar sus comunidades.
El origen de la adversa situación del campo es multifactorial, pero sin duda el principal factor fue el abandono en que lo sumió la anterior administración del Gobierno federal.
Bajo una equivocada idea de que la agricultura comercial es ejercida solo por potentados, que no necesitan apoyos del Gobierno, desde el 2018 fueron desaparecidos todos los programas de subsidio al campo.
A partir de ahí comenzó a gestarse la situación que hoy tiene a la agricultura tamaulipeca en grave riesgo de desaparecer. En promedio se siembran un millón de hectáreas cada año, pero de esas, cien mil ya fueron abandonadas.
Es muy probable que en 2025 Tamaulipas vaya a dejar de figurar como un referente en la producción de granos. Este año la cosecha apenas rozó los dos millones de toneladas, en ambos ciclos, cuando el promedio anual era de tres millones.
Lo más triste de todo es que, la crisis agrícola parece ser visible para todos, menos para el gobierno, porque no se aprecia en la narrativa oficial la mínima intención de modificar la política agropecuaria.
No hay ningún indicio de que el Gobierno federal vaya a reactivar algunos de los subsidios al campo.
“Con que abrieran un programa de crédito nos daríamos por satisfechos. Con eso tendríamos para evitar el desastre”, dice Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Regional Agrícola del Norte, la organización campesina más importante de Tamaulipas.
Narra que es precisamente la ausencia de créditos lo que dejó sin posibilidades a cientos de agricultores de seguir en la actividad.
Lamentable que eso ocurra. El gobierno sigue sin entender que el campo es factor de estabilidad social, no solo por su aportación a la seguridad alimentaria del país, sino también porque de él depende la subsistencia de millones de personas.
Por eso nuestra afirmación, sin ningún tinte de amarillismo o dramatismo, de que existe un real riesgo de que se vaya a detonar una crisis social.
Cuando las familias no tienen a su alcance lo más elemental para subsistir, lo que sigue es la anarquía.
Ojalá que el Gobierno lo entienda rápido, antes de que sea demasiado tarde.
EL RESTO
Por cierto, aunque el Gobierno estatal no tiene la misma capacidad presupuestal que la Federación, no estaría mal que entrara al quite de los agricultores, a través de la implementación de programas que alivien, aunque sea un poco, las penurias del campesinado.
De hecho, hay apoyos que podrían generarse sin que necesariamente sean recursos económicos. Por ejemplo, la gestión del gobierno para garantizar la compra, a buen precio, de las cosechas, podría tener un mayor impacto que darles un subsidio económico a los productores.
Y es que, desde que la Federación desapareció programas como el de Agricultura por Contrato, dejó a los agricultores a merced de los intermediarios o “coyotes”, que son los que se quedan con la mayor rentabilidad de la actividad.
Algo que resulta criminal.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
