Parece que al crimen organizado que campea en México no le interesa las relaciones públicas y mucho menos ser empático con el trabajo realizado en materia de seguridad por la actual administración federal.
Hace apenas unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció con bombo y platillo los avances que se han realizado para lograr una disminución de la violencia y la inseguridad en el marco de la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Acapulco.
Bastaron unas horas para que el crimen organizado firmara acuse de recibo y en respuesta asesinara de forma violenta a Edmundo Román Pinzón, magistrado y expresidente del Tribunal de Justicia del estado de Guerrero, manchando el discurso optimista de la Presidenta.
La reunión de Consejo de Seguridad Pública celebrada en la Zona Diamante, (la zona fifí de Acapulco) en donde se presentó el balance de los primeros dos meses de gobierno en materia de seguridad, contó con la presencia de la Presidenta de México, secretarios de Seguridad, Defensa,
Marina, Gobernación, el Fiscal General de la República y la mayoría de los gobernadores de los estados.
Tras el asesinato del magistrado Román Pinzón, tomó mayor relevancia que la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se celebrara en Guerrero, uno de los estados más flagelados por la delincuencia, que no le ha dado tregua a la población guerrerense.
Sumado a las controversias e incapacidades que ha demostrado en su administración la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hija del controvertido senador morenista Félix Salgado Macedonio, el estado se ha convertido en el caldo de cultivo para que la inseguridad se apodere del día a día.
Entre los avances anunciados por el segundo piso de la 4T, está la disminución de los asesinatos, según cifras presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los dos meses y medio de la administración de Claudia Sheinbaum el promedio de homicidios dolosos de personas es de 74 diarios, este es un pírrico logro, tomando en cuenta que en el sexenio de López Obrador se llegó a la infame cantidad de 93 asesinatos cada día.
Los estados con más homicidios durante el actual gobierno son: Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Baja California, Guerrero, Chihuahua y Morelos. No es de extrañar que la estrategia en contra de la violencia se esté desarrollando de manera focalizada por parte del gobierno en Acapulco y Chilpancingo, Guerrero; en tres municipios de Chiapas; en Tijuana, Baja California; en el oriente del Estado de México, así como en León y Celaya, Guanajuato.
Sinaloa es un caso aparte, en donde hasta el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha tenido que trasladarse al estado y pasar cortos periodos de tiempo tratando de coordinar la estrategia de seguridad ante el inoperante gobierno del morenista Rubén Rocha Moya.
García Harfuch aprovechó el escenario del Consejo Nacional de Seguridad Pública para hacer un llamado a los gobernadores de la República para que no hagan mutis ante la violencia que se presenta en sus entidades, ya que enfatizó que la seguridad es una tarea compartida, en la que la participación colectiva es de suma importancia.
Desgraciadamente, a pesar de los discursos complacientes del gabinete de seguridad federal, el crimen organizado tiene otra agenda y parece que no va de la mano con los deseos del gobierno de acabar con la violencia en México.
Hasta el momento los estados de Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Guerrero siguen siendo puntos rojos en materia de seguridad para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Esperamos que esta administración pueda meter en carril a la delincuencia, después de que en el anterior sexenio la estrategia de “abrazos y no balazos” permitió que el país fuera tierra fértil para el delito y la impunidad.
