Rogelio Rodríguez Mendoza
Desde su creación, en julio del 2017, el sistema estatal anti corrupción ha padecido el desdén de la sociedad. Nació despreciado.
Es un desprecio explicable porque muy pocos son los ciudadanos que creen en la autenticidad de esa lucha contra la deshonestidad.
Sobre todo, de esa corrupción que se origina dentro del gobierno.
Y la verdad, es una desconfianza que los gobiernos se han ganado a pulso, porque en los hechos esa presunta lucha contra la corrupción no se ve por ningún lado.
Basta ver las estadísticas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para darnos cuenta de que no se combate la deshonestidad.
No le exagero si le digo que, sobrarían los dedos de una mano para contar los casos de servidores públicos procesados penalmente, o sancionados por la vía administrativa, por algún delito o falta de corrupción.
Le cuento de todo ello porque, ese desdén social que surgió en 2017 cuando nació el sistema estatal anticorrupción por un mandato constitucional, es el mismo que persiste hasta la fecha.
El más claro ejemplo lo vemos con el desprecio que ha recibido la convocatoria emitida por el Congreso del Estado para renovar la Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Ante el fracaso de reunir el número suficiente de interesados en ocupar uno de los nueve asientos en la Comisión de Selección, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado tuvo que aprobar una ampliación de 20 días a la convocatoria, con vigencia hasta el pasado 12 de marzo.
Oficialmente no se ha informado de los resultados de la extensión de la convocatoria, pero hasta donde sabemos la situación es la misma: no hay suficientes aspirantes a integrar la Comisión.
En lo personal me parece entendible el desprecio de la sociedad por dos razones: una, porque, como ya se ha dicho, la mayor parte de los ciudadanos consideran que esa lucha anticorrupción es una farsa; y dos, porque formar parte de la Comisión de Selección es una tarea honorífica, o lo que es lo mismo, es una función por la que la persona no recibe ninguna remuneración.
En consecuencia, es normal o entendible que no haya ciudadanos que quieran ir a perder el tiempo, y de gratis.
¿Usted lo haría?
EL RESTO
YA LE HALLARON EL MODO.- Muchos políticos ya le hallaron el modo a la Ley Electoral y al INE. Encontraron el camino perfecto para evadir las normas, sacar ventaja y recibir como castigo un simple llamado de atención o la exigencia de desaparecer el material con el que hayan violentado la ley.
Lamentable que así ocurra, porque cuando no hay sanción suficiente lo que sigue es la reincidencia, la cual trae aparejada impunidad.
Es como si a un ladrón, atrapado infraganti, se le perdonara la pena de prisión con el solo hecho de que reintegre lo robado. Así igualito sucede con los políticos que violan la ley subiendo a internet algún contenido que contrario las disposiciones electorales: los exoneran con solo “bajar” el instrumento infractor.
En esas condiciones, los políticos entendieron que es más el beneficio de violentar la ley que el castigo a recibir. Lo cual, obviamente, resulta intolerable y absurdo en cualquier sociedad democrática.
Recordemos que el objeto de la ley es regular la conducta en sociedad, por lo que a contrario sensu, cuando no se cumple la ley lo que hay es desorden e impunidad.
¿O no?
PREMIO DE CONSOLACIÓN.- El doctor, Margid Rodríguez Avendaño, recibió como premio de consolación, (al haber aceptado su derrota en la contienda interna de Morena por la candidatura a la alcaldía de Victoria) la coordinación estatal del IMSS-Bienestar.
No es cualquier cosa. Ese cargo tiene ahora más poder económico y político que el de Secretario de Salud. Habrá que ver si Rodríguez es capaz de sacar adelante esa encomienda.
Por cierto, sigue siendo un misterio la razón de la renuncia de su antecesor, Eduardo Martínez Bermea. Hacia dentro de la instancia de salud se dice que fue un lío de faldas lo que le costó el cargo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
