Desde que Donald Trump retomó la presidencia de los Estados Unidos, las alarmas en México se encendieron ante la posibilidad de una deportación masiva de migrantes indocumentados. Las autoridades mexicanas, ante el pánico mediático y las declaraciones incendiarias del mandatario estadounidense, implementaron un plan emergente con la creación de 25 albergues y un programa de asistencia para los repatriados. Sin embargo, hasta ahora, los Centros de Atención a Migrantes Repatriados instalados en la franja fronteriza permanecen prácticamente vacíos. ¿Era, entonces, solo una amenaza sin sustancia?
A pesar del eco mediático y la premura gubernamental, los números han desmentido el temido “tsunami” migratorio. En la primera semana del nuevo mandato de Trump, apenas cuatro mil migrantes han sido deportados a México. Esta cifra palidece en comparación con los pronósticos alarmistas que predecían un colapso en la frontera norte del país. ¿Fue una sobreestimación, un error de cálculo o una estrategia política para fortalecer la imagen del Gobierno federal como protector de los connacionales en el exterior?
La reacción del Gobierno mexicano responde más a una postura política que a una necesidad real e inmediata. El programa “México te abraza”, que involucra a 34 dependencias federales y a los gobiernos estatales, es un esfuerzo considerable, pero ¿Hasta qué punto tiene impacto real? Con diez albergues operando y una capacidad para recibir hasta dos mil quinientas personas en cada uno, la logística parece sobredimensionada en comparación con la cantidad real de repatriados.
Pero el problema no se detiene ahí. Más allá de garantizar un regreso digno, el reto más significativo para los migrantes repatriados es la falta de oportunidades en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que el sector privado ofrece 35 mil plazas laborales para los deportados, pero esta medida enfrenta un obstáculo estructural: el alto nivel de informalidad laboral en la economía mexicana.
Según datos del Inegi, el 54.3 por ciento de la población ocupada carece de acceso a seguridad social, lo que significa que más de la mitad de los empleos disponibles no garantizan condiciones laborales adecuadas. Regresar a México no solo implica un cambio geográfico, sino también la lucha por sobrevivir en un sistema que sigue excluyendo a millones de trabajadores.
Las remesas continúan siendo un pilar fundamental para la economía nacional, alcanzando un récord de 65 mil millones de dólares el año pasado, lo que representa el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta dependencia es una señal alarmante de que la economía mexicana sigue sin generar suficiente riqueza interna ni empleo digno para su propia población. Así, la deportación de connacionales no solo afecta a las familias que dependen de las remesas, sino que también evidencia la incapacidad del gobierno de ofrecer un horizonte viable dentro del país.
En un acto que no deja de oler a propaganda, la Secretaría de Gobernación ha prometido a los deportados el acceso inmediato a programas del Bienestar, afiliación al IMSS y un apoyo económico de dos mil pesos para trasladarse a sus comunidades de origen. A estas alturas, solo faltaría inscribirlos automáticamente en Morena. Mientras tanto, Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, asegura que “el México de hoy es distinto al que dejaron, se encuentra en transformación”. Un mensaje esperanzador para algunos, pura demagogia para otros.
En este juego de narrativas, donde Trump amenaza y el gobierno mexicano responde con promesas de asistencia y cambio, la realidad es que los deportados enfrentarán el mismo México que los obligó a emigrar: uno donde las oportunidades siguen siendo un lujo y la incertidumbre, el pan de cada día.