El mes próximo se cumplirán tres años, desde que el gobierno federal expidió el decreto para regularizar miles o millones de vehículos de procedencia extranjera, ingresados ilegalmente al país.
Desde enero del 2022, el decreto ha sido prorrogado tres ocasiones, a tal grado de que tendrá vigencia hasta septiembre del 2026, y nada raro sería que todavía se extendiera más.
El pretexto de legalizar los vehículos traídos de contrabando a México desde Estados Unidos, fue que se beneficiaría a la gente más desprotegida, esa que presuntamente carece de capacidad económica para comprar una unidad de fabricación nacional.
Se afirmó también que, nacionalizar los “chocolates” reduciría el riesgo de que fueran usados para delinquir.
Sin embargo, a tres años de distancia ha quedado claro que, como siempre se supo, el decreto de regularización nació con un propósito electorero, y se seguirá utilizando con el mismo fin porque sencillamente ha dado resultados a través de la generación de votos a favor del partido en el poder.
Lo preocupante del asunto es que, como sucedió con decretos similares que estuvieron vigentes anteriormente, la nacionalización vino a agravar el contrabando de “chocolates”, porque el programa de regularización fue convertido en un negocio redondo para quienes viven de esa actividad.
Un negocio que, como ya se ha dicho también, ha sido y es un filón de oro para las autoridades responsables del sistema aduanero mexicano, que en alianza con los grupos criminales cobran entre 300 y 400 dólares por cada unidad contrabandeada.
¿Se imagina usted el río de dólares que se genera cada día en las aduanas fronterizas?
Para complicar la situación, recientemente en Tamaulipas se descubrió que personal del Registro Público Vehicular (Repuve) permitió la regularización de decenas de vehículos “chocolates”, suplantando la identidad de ciudadanos cuyos datos fueron sustraídos de instancias municipales.
El punto es que, derivado de ello, la mayor parte de los estados del país, sobre todo los fronterizos como Tamaulipas, siguen “inundados” de vehículos “chocolates”, con todas las consecuencias que eso genera en daños a las vialidades, mayor índice de accidentes viales y la saturación del parque vehicular de las principales ciudades.
Es cierto que, como lo estableció el decreto gubernamental, un porcentaje de los ingresos por regularización están siendo destinados a los estados y municipios, quienes están obligados a utilizarlos principalmente en la pavimentación de calles, pero el recurso es insuficiente para compensar los daños ocasionados por los “chocolates”.
La conclusión entonces es que, el programa de nacionalización de vehículos “chocolates” ha sido un fraude, encubierto bajo un falso discurso de querer beneficiar a los más desprotegidos. Esa es la triste realidad de un país donde se pierde cada vez más el respeto por las leyes.
EL RESTO
¿UNIDAD?.- Durante su reciente visita al sur de Tamaulipas, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un enérgico llamado a la unidad, y a privilegiar los intereses del partido y de la sociedad por encima de las ambiciones políticas de los liderazgos o actores políticos.
Eran muchos los destinatarios del mensaje, pero pareciera que a algunos no les cayó el veinte, porque están usando sus posiciones políticas para disparar fuego amigo hacia otros morenistas.
Por ejemplo, la diputada federal, Casandra de los Santos Flores, presentó recientemente un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Tamaulipas, bajo el mando de Morena, a que explique las razones o criterios que usó para negarle al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, su propuesta de incrementos a tablas de valores catastrales.
Es cierto que la legisladora por Río Bravo logró su curul bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero la realidad es que pertenece a Morena, y que su punto de acuerdo es una demostración plena de la división que se está dando en el partido guinda, donde algunos grupos políticos ya están planeando su estrategia con miras a la elección que vendrá en el 2027, cuando se renovarán las alcaldías y la legislatura local, y luego la del 2028 cuando los tamaulipecos elegiremos a un nuevo gobernador o gobernadora.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
