Sin duda fue un atraco al erario de Tamaulipas, el más grande en los seis años, por más de cuatro mil millones de pesos.
Era deuda pública disfrazada como APP (asociación pública privada), en que el Gobierno del Estado pagaba poco más de 60 millones de pesos mensuales a la empresa Tres10, S.A. de C.V. ¿quiénes son los socios? por servicios de videovigilancia en carreteras y zona urbana.
Con el visto bueno de su jefe, firmaron el contrato (inicial y adendas) de 73 páginas, César Verástegui Ostos, secretario General; Miguel Angel Villarreal, de Administración, y la jefa de Finanzas, María de Lourdes Arteaga.
Por la empresa signó Alain Ramos Padilla, quien dio como domicilio una calle de Bosques de las Lomas, delegación Cuajimalpa, Ciudad de México.
Todo con alevosía y ventaja, desde la asignación directa del contrato (sin licitación como dice la Ley), hasta dos modificaciones leoninas.
Fue firmado a mediados de año, pero con vigencia a partir del 27 de diciembre del 2019 (cuando habían comenzado las obras), luego de autorizarlo el Congreso del Estado.
Se llamó “Servicio de red de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas”, que incluía la construcción de un C-5 en Reynosa y dos regionales en Victoria y Madero, compra de cámaras de videovigilancia y mantenimiento hasta diciembre del 2025.
Los panistas querían llevarse el dinero. No solo saquearon lo material, hay sospecha que traficaron con información sensible y datos recabados por el sistema ¿lo entregaron a los delincuentes? Es posible. Hay una denuncia en la Fiscalía del “carnal” Irving Barrios.
El contrato dice que “las imágenes, vídeos, audios, registros, bases de datos, y cualquier otro tipo de información que se genere de la prestación del servicio” serán propiedad del Gobierno del Estado ¿cumplieron?
Otra parte del compromiso menciona que «el desarrollador se obliga a no divulgar la información que obtenga con motivo de la implementación de servicio, salvo autorización previa y por escrito de el contratante»
Este martes el Congreso del Estado hizo el trámite de anular la asignación económica de más de 60 melones mensuales para Tres10, vigente hasta diciembre del 2023, pero que desde mediados de ese año la empresa dejó de prestar servicio. Se les rescindió el contrato por voraces.
Documentos de la investigación calculan que las obras requirieron una inversión de 1,500 millones, pero ellos cotizaron en 2,619 “sin incluir el IVA”.
Según la Contraloría de la 4T, el gobierno cabecista no exigió la fianza de garantías, hasta por el 10 por ciento del importe total anualizado (sobre 720 millones), renovable cada año.
Tampoco concluyeron las obras ni dieron mantenimiento al sistema de cámaras. No había el servicio. El Gobierno de Américo contrató a otros prestadores.
Según los documentos, la garantía del pago de los “abonos” fue el presupuesto del Estado y participaciones federales, a lo cual se creó un fideicomiso de administración con un banco que parece “patito”, Banca Mifel, a donde llegaba la lana y este pagaba a la empresa puntualmente cada mes.
Sin embargo, transfirió casi 500 millones de pesos (del fondo), cuando el gobierno de Tamaulipas acordó dejar de pagar, por incumplimiento de contrato con fecha 23 de mayo del 2023.
Aun así, el compromiso siguió vigente hasta diciembre de ese año, cuando se emitió la carta de finiquito, pagando dos abonos por indemnización a la empresa.
Por esos pagos ilegales que hizo el banco, la 4T Tamaulipas presentó denuncia penal ¿en qué situación se encuentra?
Tan fuera de la Ley se hizo la asignación -directa-, que los firmantes del Gobierno de Cabeza de Vaca aceptan que Tres10 no tenía recursos propios para el proyecto y conseguiría financiamiento.
Igual que la firma Comunicación Segura, a la que habían acudido en plan de cotizaciones, decidió integrar la nueva exclusivamente para dedicarse a Tamaulipas, según modificaciones al contrato primigenio que se hicieron con fecha 19 de diciembre de ese 2019, para darle más ventajas a los empresarios.
Otra modificación se había dado el 29 de noviembre, siempre en perjuicio del Estado. Por ejemplo, el IVA de las facturas de Tres10 lo pagaba el Gobierno del Estado.
Sospechosismo de corrupción premeditada.
La autorización del Congreso del Estado se publicó en el POE el 25 de diciembre de 2018.
El 28 de mayo 2019 Verástegui y Villarreal Ongay emiten dictamen de adjudicación directa a una empresa “fantasma”, porque Tres10 fue creada el 13 de junio del 2019 ante el notario Alejandro Caballero Gastélum, fíat 150 del Estado de México.
La registraron con fecha 20 de septiembre “en el registro de Comercio de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas”.
Hay amparos. El uno de junio de 2023 la empresa fue beneficiada con suspensión, pero resolvieron colegiados ¿cuál es el estado que guardan? ¿finiquitaron los litigios?.
