No conforme con el aluvión de controversias que viene arrastrando la realización de la próxima elección del Poder Judicial, El Instituto Nacional Electoral (INE) le pone una raya más al tigre, al tomar la decisión de impedir que sean los ciudadanos quienes cuenten los votos en los comicios que se llevarán a cabo el primero de junio para renovar dicho poder.
Este hecho supone un retroceso de más de 30 años en la construcción de un sistema electoral que con virtudes y defectos había conseguido blindarse contra los vicios del pasado. Con este giro, Guadalupe Taddei y compañía abren la puerta a la polémica y pone en entredicho aún más la transparencia de la elección, haciendo mella en la confianza del ciudadano en esta institución, que no vive sus mejores días.
Debemos recordar que todavía causa escozor en la opinión pública la avalancha de irregularidades en los listados finales de los candidatos a jueces, magistrados y ministros que envío el Senado al INE, en donde las listas aprobadas por el pleno, no cuadraban con las recibidas por el instituto, obligando al órgano electoral a corregir las anomalías del supuesto “error involuntario” de los senadores.
El INE ha argumentado que la complejidad de las boletas requiere un nivel de interpretación que solo los expertos pueden manejar, bajo esa premisa los integrantes del Consejo General del Instituto acordaron que será el personal de las juntas distritales del organismo electoral quienes se encarguen de contar los votos, dejando el conteo ciudadano fuera.
Desde la reforma de 1990, que derivó en la creación del Instituto Federal Electoral, antecesor del actual INE, la participación ciudadana en el conteo de votos ha sido un pilar fundamental para la credibilidad de los comicios. La lógica detrás de este modelo es simple, pero poderosa: al permitir que los ciudadanos sean los encargados de contar los sufragios, se garantiza que los resultados no estén bajo el control exclusivo de una autoridad central, reduciendo así la posibilidad de fraudes o manipulaciones.
Al excluir a los ciudadanos del conteo de votos se debilita la percepción de transparencia y aumenta la desconfianza en un proceso electoral que ya ha sido señalado por irregularidades en la selección de candidatos y cuestionamientos sobre las reglas establecidas.
Los consejeros del INE han defendido la medida, manifestando que los cómputos distritales se realizarán de manera abierta, en sesión pública y que los órganos colegiados son presididos por vocales ejecutivos de las juntas distritales, integrantes del servicio profesional electoral nacional, y por mil 800 consejerías electorales, lo que asegura, según ellos, la transparencia del conteo. Esta disposición reduce a los ciudadanos a meros espectadores, sin capacidad de decisión.
No es la primera vez que el INE toma resoluciones que generan controversia. El organismo ha enfrentado críticas a lo largo de su historia por su manejo de las candidaturas y por los ajustes en la fiscalización de los gastos de campaña, tema que tampoco está exento de polémica.
Para esta próxima elección del Poder Judicial, los consejeros del instituto electoral han establecido un tope de autofinanciamiento de 220 mil pesos para los más de cuatro mil candidatos, que deberán gastar en los 60 días que dure la campaña en: gastos personales, viáticos, traslados e impresión de volantes. Con este monto el margen de maniobra para una campaña efectiva se reduce drásticamente, dejando la puerta abierta a financiamientos en la sombra y a una fiscalización insuficiente.
Dice un dicho popular que lo que mal empieza, mal acaba y parece que ese es el tono de esta reforma judicial que desde su aprobación inicio con el pie izquierdo y su proceso de elección continua por el mismo camino. Ni las voces más críticas a esta reforma constitucional se imaginaron un escenario tan decadente.
La mesa está servida para que los candidatos afines al oficialismo puedan obtener sin mayor problema el control del Poder Judicial. Ante la falta de interés de un gran porcentaje de la ciudadanía ante lo amañado de este proceso, el abstencionismo amenaza en tomar el papel protagónico de esta elección. El gran problema es el precedente que dejará en la democracia mexicana que no puede permitirse este tipo de retrocesos.
