La elección de juzgadores en México ha derivado en un laberinto legal y ético que revela las debilidades estructurales de nuestra democracia. A pocos días de la jornada electoral del uno de junio, el país enfrenta una situación absurda: hay candidatos al Poder Judicial señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero no hay una vía legal clara —ni suficiente voluntad política— para retirarlos de la contienda. Las boletas ya están impresas, y el proceso avanza como si nada pasara.
El senador Gerardo Fernández Noroña encendió la alarma al denunciar la presencia de abogados de narcotraficantes y jueces cuestionables en la lista de candidatos; sin embargo, su denuncia llegó tarde y mal dirigida. El INE, al que solicitó que se retiraran las candidaturas, simplemente no tiene esa atribución. Lo establece la Constitución, lo confirman los expertos y lo acepta incluso la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei: no hay base legal para “bajar” a los aspirantes, a menos que existan procesos penales formales en su contra.
Más allá del tecnicismo jurídico, el fondo del asunto es político. ¿Cómo es posible que un proceso de tal relevancia —la elección de jueces y magistrados— se haya estructurado con tanta improvisación? La respuesta reside en el diseño deficiente de la reforma judicial que abrió la puerta a las urnas. El Senado, actuó fuera de sus atribuciones al seleccionar perfiles de forma opaca y luego enviarlos a un sorteo. No se privilegió el mérito, la experiencia ni una trayectoria limpia; se optó por el azar.
El problema se agrava cuando se confunde el ejercicio de la abogacía con la complicidad criminal. Especialistas jurídicos advierten que representar a un acusado no implica necesariamente estar ligado al delito. Presumir culpabilidad por ejercer una defensa es, además de peligroso, contrario al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, ese matiz se pierde cuando el debate público está dominado por el escándalo en lugar de los hechos.
El daño ya está hecho. Las boletas incluirán nombres de personas presuntamente señaladas por vínculos con el crimen, sin que exista un mecanismo expedito para impedirlo. La única vía posible —una impugnación extraordinaria— depende del Senado, del TEPJF o de ciudadanos organizados, pero todo indica que, incluso si prospera, será demasiado tarde.
Esto no es solo una falla legal; es una señal preocupante de cómo el Estado mexicano sigue jugando con fuego al tratar de “democratizar” espacios sensibles sin construir primero los controles adecuados. Elegir jueces como si fueran puestos políticos es una apuesta riesgosa, especialmente cuando el crimen organizado ya ha penetrado otros niveles del poder.
La elección judicial en su estado actual no fortalece la democracia; la debilita. Deja abierta la puerta para que personajes cuestionables lleguen al Poder Judicial sin filtros ni responsabilidades claras. Lo urgente no es solo votar; es corregir un diseño institucional que nació defectuoso y que hoy amenaza con colocar la justicia en manos equivocadas.
