José Inés Figueroa Vitela
Muchos se preguntan y no faltan los que cuestionan, como algo malo, nocivo para la colectividad, el intento del Movimiento de la Cuarta Transformación por concretar, con sus aliados, las dos terceras partes de los escaños en las cámaras legislativas.
No obstante, cada vez de manera más cotidiana los hechos van concediendo las razones y fortaleciendo la idea de tal necesidad en este momento coyuntural de la vida nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no alude a las leyes, los reglamentos, códigos y demás ordenamientos que rigen la convivencia en nuestro país; alude a la justicia… a hacer eso que regularmente le es negado al conglomerado, confirmando la caducidad del aparato de justicia con todos sus órganos jurisdiccionales.
Ayer nos dieron otro ejemplo de ello.
Los Ministros de la Suprema Corte, por el voto mayoritario de sus integrantes, echaron abajo la reforma a la ley interna del Congreso local tamaulipeco, referente a la potestad de la propia representación, para poder llamar a los funcionarios públicos del estado y sus entes desconcentrados a que rindas cuentas ante el pleno, las comisiones o la diputación permanente, de las responsabilidades que tienen asignadas.
El rechazo a la reforma, concluyeron los togados, obedeció al hecho de que no se reunieron las dos terceras partes de los votos necesarios para consumarlas; aunque la mayoría de los diputados estuvieron de acuerdo con la reforma, por no ser la mayoría absoluta no procedió.
En el antecedente, cuando el PAN dilapidó las simpatías ciudadanas que le llevaron al gobierno y congreso locales, con una administración errática y corrupta, reformó todos los ordenamientos jurídicos para amarrarle las manos y obstruir el ejercicio de las nuevas mayorías morenistas en el gobierno y la propia representación popular.
Usando precisamente las mayorías simples -la mitad más uno-, dispuso que en lo sucesivo se requiriera la mayoría absoluta -las dos terceras partes- para poder reformar el reglamento interno del Congreso y otros ordenamientos legales estratégicos para ganar impunidad y prolongar el manoseo de las instituciones públicas, sin gozar del voto ciudadano.
Ayer que los Ministros de la Suprema Corte les dijeron que sí, que es justo suplantar la soberanía popular y desplazar las primicias de la democracia para que las minorías ejerzan el poder público, pronto salió el vocero y operador del exgobernador prófugo a amenazar con que “ahí viene el grande”.
Desde ya, empezaron a festinar que van a tomar el control del poder legislativo, como una reacción en cadena de la resolución de ayer, aunque en los hechos solo ganaron, hace tres años, seis de los 22 escaños de mayoría, correspondientes a la geopolítica distrital del estado.
Lo demás, ya sabe: primero, consiguieron a través del Trife del impresentable REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, más plurinominales de las que en derecho les correspondían y compraron conciencias con dinero público para construir los escenarios efímeros del agandalle.
Esa relatoría, es la que justifica y magnifica la necesidad del Plan C, que dé paso al saneamiento del andamiaje jurisdiccional, para aspirar a acceder a efectivos estadios de justicia, condicionantes del bienestar y desarrollo en el que algunos avances se han concretado hasta ahora.
No viene en automático, como vaticinó y presumió el autor de tales publicaciones, el derrocamiento de las instituciones conformadas por el mandato popular del voto del 2021, respecto de la representación popular tamaulipeca.
Habrá quienes atiendan a terceros intereses, torciendo su actuar institucional para dar al traste con el espíritu de la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tan viejo y tal pulcro en su imagen física, no deja de generar suspicacias el Ministro ALCANTARA CARRANCÁ y quien le haya endosado los casos relacionados con el PAN-cabecismo tamaulipeco a los que siempre ha metido en sus mejores consideraciones, contraviniendo lo elemental de lo que entenderíamos como JUSTICIA.
Pero ayer la Ministra LENIA BATRES dejó un espacio para creer que aún hay quien en efecto pervive en el orden institucional velando por la razón del ser, en ese Poder y la propia Ministra Presidenta, NORMA PIÑA, con todo y sus antecedentes, concitó a no prejuzgar y adelantar vísperas.
“Esta resolución -acotó-, no afecta el otro asunto -relacionado- para desahogarse en sesión del pleno posterior… la ley no es retroactiva”.
Se refería a ese por el que EL MOYO GARCÍA AGUIAR ya andaba lanzando las campanas al vuelo.
Se hará justicia.
Más temprano que tarde, los ciudadanos van a pronunciarse sobre estos rescoldos del viejo régimen corrupto y corruptor.
El dos de junio está a la vuelta de la esquina y el Plan C, sigue viento en popa, por los malos oficios de aquellos, quienes siguen bordando en la sociedad del astas y privilegios, a costa del bienestar popular.
