José Inés Figueroa Vitela
La necesidad de una reforma judicial en Tamaulipas, ha sido más que reconocida, exigida en las más variadas formas por diversos sectores sociales del Estado.
El anuncio de los foros regionales de Consulta, que iniciaron ayer en Tampico y se siguen hoy y mañana por Reynosa y Ciudad Victoria, son un paso hacia la democratización del poder judicial local.
Para algunos, resulta fundamental cuestionar la profundidad de esta iniciativa y su verdadero impacto en la justicia, los más, movidos por los intereses que por tanto tiempo arremetieron contra las clases populares, poniendo sus intereses particulares por sobre las necesidades colectivas.
A primera vista, la reforma parece ambiciosa: la elección de todos los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y la reestructuración de los juzgados son cambios significativos.
¿Realmente se busca una justicia más accesible y transparente? Siembran en la retórica de temporada los nostálgicos de los privilegios del vergonzante pasado prianista.
La desaparición del Consejo de la Judicatura plantea dudas sobre la autonomía y la supervisión del sistema judicial, dicen ellos, a partir de la máxima profiláctica que, en la elección, borrará de tajo a todos esos personaje que torcieron la ley para favorecer a sus mecenas u obtener otras prebendas.
Los foros propuestos por el Congreso Local, liderados por el Diputado HUMBERTO PRIETO HERRERA, ofrecen una plataforma para que la sociedad civil exprese su opinión.
Aquellos preguntan si estas voces serán realmente escuchadas, o si se convertirán en meras formalidades, como un frustrado intento de desacreditar la jornada pública que descansa en lo privado y lo colectivo.
La participación de estudiantes, maestros y profesionales del derecho, reportada con generosidad desde el primer encuentro, es un buen inicio, pero no es en la inclusión donde se garantiza que los cambios sean profundos y duraderos.
Las garantías surgen en ese movimiento de alto espectro liderado por personas muy preparadas, altamente sensibles y comprometidas con las más sentidas causas sociales, personificadas en el aquí y ahora por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y la presidenta de la República CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.
Incidencias que han encontrado pleno acompañamiento en el Congreso Local, cuyos integrantes aparecen muy activos en la promoción del conocimiento sobre la reforma energética, para que todos entiendan la forma como su mandato se vuelve en políticas públicas a favor de sus intereses superiores.
Es positivo que se garantice la protección de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, pero también les resulta inquietante que se limite el salario a ciertos niveles, para quienes se ven en sus emolumentos rebasando las percepciones del mandatarios estatal y nacional, en una relación que parece más de complicidades que, además, hace mucho rebasaron la intención original de alejarlos de la tentación y el cochino corruptor.
Esta medida quieren interpretarla como un intento de controlar a la burocracia judicial, lo que podría tener repercusiones en la independencia de los jueces y magistrados, insisten ellos, pero en los hechos es público y notorio esos valores de independencia en la honestidad y la decencia no es precisamente por lo que se caracterice el sistema actuante.
La justicia no debe ser un instrumento de control político, sí, pero sobre todo no puede seguir siendo el motivo por dónde se escurra la justicia con todas sus letras, para ponerse al servicio del mejor postor revirtiendo el valor de su concepto y el motivo de su creación.
La reforma que, eventualmente se someterá a votación en la sesión ordinaria del próximo lunes, debe ser evaluada con rigor, para no dejar espacios por donde los enemigos del pueblo pretendan seguir embarcados en una raquítica intención de volver al pasado.
No basta con escuchar opiniones; la implementación de cambios reales es lo que realmente importa. La historia del poder judicial en Tamaulipas está marcada por la desconfianza y la opacidad, y esta es una oportunidad para corregir esos errores.
Además, la reforma debe contemplar no solo la estructura del poder judicial, sino también la capacitación de quienes lo integran.
La justicia no se logra solo con cambios administrativos; es necesario formar a jueces y magistrados en la ética y la equidad.
La ciudadanía merece un sistema judicial que no solo funcione, sino que también inspire confianza.
En conclusión, la reforma judicial en Tamaulipas es un tema que merece atención y análisis, en lo que ya andan ocupados los diputados, con una amplia capacidad de convocatoria para catalizar las expresiones ciudadanas.
Los foros son un primer paso, pero no son suficientes si no se traduce en acciones concretas y efectivas.
La justicia debe ser un derecho accesible para todos, y no un privilegio de unos pocos.
La ciudadanía está atenta y exige respuestas, no solo promesas vacías, pero, además, está puesta y dispuesta para salir a las calles en junio del año entrante a votar por los jugadores que creen merecerse.
Que así sea.
