En un intento que se puede calificar de oportunista, el Partido Acción Nacional (PAN) busca posicionarse como la solución a los problemas económicos que enfrenta la ciudadanía mexicana. Con bombo y platillo, el líder nacional del partido, Jorge Romero, ha presentado un ambicioso paquete de iniciativas destinadas a reducir el precio de la gasolina y la electricidad. Según el PAN, estas propuestas buscan corregir los “excesos” y el alza de precios atribuidos a la administración de la Cuarta Transformación (4T).
Sin embargo, este intento de redención política no pasa desapercibido para quienes tienen memoria histórica. Durante los gobiernos panistas, los famosos “gasolinazos” eran una constante que golpeaba el bolsillo de los mexicanos. Las tarifas de energía eléctrica, lejos de ser accesibles, también se mantuvieron en niveles que muchos considerarían excesivos. En este contexto, la repentina preocupación de Acción Nacional por el bienestar económico de la población parece más una estrategia electoral que un compromiso genuino.
La primera de estas reformas, que busca modificar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), será presentada en el Congreso de la Unión. Sin embargo, el panorama legislativo no le favorece al PAN: Morena y sus aliados controlan la agenda, y la bancada panista carece de la fuerza necesaria para hacer prosperar sus iniciativas. Esta falta de poder legislativo subraya la naturaleza simbólica de las propuestas, más destinadas a generar titulares que a lograr cambios concretos.
Pero el paquete de reformas panistas no se detiene en los combustibles. El coordinador de los senadores albiazules, Ricardo Anaya, ha presentado una segunda iniciativa que busca modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta propuesta obligaría a los gobiernos a transparentar el registro de delitos graves, ofreciendo a los ciudadanos acceso a cifras claras sobre seguridad pública. No obstante, resulta irónico que sea precisamente el PAN quien abogue por la transparencia en esta materia, considerando que durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se denunciaron prácticas de “maquillaje” de cifras de criminalidad para mejorar la imagen gubernamental.
Este giro hacia la rendición de cuentas podría interpretarse como un intento desesperado por recuperar la confianza perdida. Para muchos ciudadanos, estas propuestas no son más que un acto de cinismo, donde las promesas huecas no logran ocultar el historial de errores y contradicciones del partido. La memoria colectiva es persistente, y no será fácil para el PAN convencer a una población que recuerda bien los desatinos económicos y de seguridad durante sus anteriores gestiones.
En este escenario, el mensaje de Acción Nacional parece más un intento por capitalizar la insatisfacción popular que una verdadera transformación en su forma de operar. Las nuevas promesas, aunque vistosas, se enfrentan a la desconfianza de una ciudadanía que observa con atención, consciente de que las palabras vacías y el oportunismo político no son suficientes para aliviar la carga que pesa sobre sus economías.
El tiempo dirá si estas iniciativas son el comienzo de un cambio auténtico o simplemente otro capítulo en la larga historia de promesas incumplidas de la política mexicana.
