Rogelio Rodríguez Mendoza
LA ÚLTIMA CARTA.- Partiendo del hecho de que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, es inminente la aprobación de la reforma al Poder Judicial Federal impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y respaldada por quien será su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.
Dicho en otras palabras, al menos en la cancha legislativa está garantizado el avance de esa y otra veintena de iniciativas de reformas constitucionales y legales que el obradorato heredará a Sheinbaum antes del 30 de septiembre, cuando termine el actual sexenio.
Sin embargo, hay que precisar una cosa: el hecho de que la reforma al Poder Judicial, y las otras, superen la aduana del Poder Legislativo, no significa, para nada, que queden firmes en automático.
Y es que, después de que los diputados federales, los senadores y la mitad más uno de las legislaturas, aprueben las modificaciones a la constitución, la oposición tendrá todavía una última carta para jugar, porque podrá impugnar las reformas a través de una acción de inconstitucionalidad.
Vistas de esa forma las cosas, entonces, aunque Morena y sus aliados tengan el control mayoritario en el Congreso federal y de la mayoría de las legislaturas estatales, eso no significa de ningún modo que tendrán vía libre para hacer y deshacer con la constitución.
Paradójicamente entonces será el mismo Poder Judicial Federal, a través de la SCJN, quien tenga la última palabra. Será él mismo quien decidirá su suerte.
NO ES LO MISMO.- Hay que aclarar desde ahora que una cosa es el Poder Judicial Federal y otra los Poderes Judiciales de los Estados.
Vale la aclaración, porque hay quienes suponen que las reformas que se aprueben para la judicatura federal van a tener aplicación automática para las judicaturas estatales.
Cada estado es soberano y por ello dispone de su propia Constitución, por lo que, si, por ejemplo, avanza en lo federal la disposición que obliga a que los jueces sean electos por voto popular, no significará que lo mismo vaya a suceder con los juzgadores tamaulipecos.
Seguramente en su momento cada estado, sobre todo los gobernados por Morena, querrán aterrizar en sus constituciones las reformas federales, pero para ello tendrá que iniciarse un procedimiento legislativo local.
De nuestra parte precisamos que es necesaria y urgente una reforma al Poder Judicial Federal y a sus pares en los estados, porque hay muchas cosas que deben perfeccionarse buscando siempre mejorar la calidad de la justicia que se imparte.
Sin embargo, como muchos mexicanos, creo que es absurda esa idea de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Si algo así avanza, el sistema de impartición de justicia será un caos y se pondrá fin a la independencia y autonomía del Poder Judicial.
¿Y LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA?.- Ahora que, si de verdad el gobierno quiere mejorar la justicia en el país, obligadamente tendrá que incluir en la reforma a las fiscalías, las corporaciones de policía y el sistema penitenciario.
Los jueces son solamente uno de los eslabones del sistema de justicia, por lo que pretender lograr una mejora reformando únicamente el Poder Judicial es un despropósito.
El verdadero problema de la justicia mexicana está en el ámbito de la procuración de justicia. Es ahí donde está la urgencia de mejorar.
Entonces, cualquier cosa que se haga, sin incluir a esas instancias, no servirá absolutamente de nada. Se lo firmo.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
