La indefinición del futuro de la reforma judicial y el prolongado paro de labores, tanto de trabajadores como de jueces y magistrados, comienza a cobrarle factura a la sociedad.
Ante la inoperancia de los tribunales jurisdiccionales federales, los justiciables están quedando desprotegidos al no disponer de las instancias competentes para reclamar justicia.
Es verdad que los juzgados están atendiendo “casos de urgencia”, sobre todo cuando está en riesgo la vida, la libertad y la salud, entre otros, pero hay miles o millones de asuntos que tal vez para la autoridad no tengan ese carácter de “urgencia”, aunque sí lo son para quien padece la afectación de algún bien jurídico tutelado.
Debe ser frustrante para quienes están a la espera de una sentencia saber que su caso está en la indefinición porque los jueces y los trabajadores en general siguen en paro.
Para al justiciable no importa el conflicto. A él lo único que le importa es que su juicio se resuelva. Que su demanda de justicia tenga respuesta, pues.
Desde luego que la situación que vive el país es gravísima. Literalmente no hay Estado de Derecho, por la simple y sencilla razón de que no existe el aparato de administración de justicia, el principal responsable de hacerlo valer.
En esas circunstancias, aunque el gobierno lo niegue, el país está sumido en una crisis que amenaza con agravarse cada día más, por la simple razón de que no hay tribunales jurisdiccionales, pero también porque el Poder Ejecutivo se niega a acatar las resoluciones que le han ordenado suspender la implementación de la reforma judicial.
Si el principal obligado a respetar las resoluciones de amparo no lo hace, llegará el momento que haya ciudadanos que sigan el mismo camino.
Aquí hemos advertido sobre los riesgos de que el país esté enfilándose a un estallido social. Parafraseando al expresidente Andrés Manuel López Obrador, unos (los representantes del gobierno) y otros (los trabajadores del Poder Judicial) están soltando al tigre.
Porque no es solo el tema de la reforma judicial la única amenaza para la paz social. Obviamente también contribuye a ese riego la terrible inseguridad pública desatada por los grupos criminales.
Suman miles y miles las víctimas directas o indirectas de la delincuencia organizada, que además del agravio o la pérdida ocasionada ven con impotencia que las autoridades no hacen otra cosa más que repetir la trillada frase de, “estamos investigando”.
Para el padre o la madre al que le matan a un hijo, o viceversa, para el hijo que le matan a su padre o madre, la incompetencia de la autoridad debe ser un insulto y un agravio, porque entonces se da cuenta de que lo que sigue es la impunidad.
Lamentablemente el único que parece no darse cuenta de tigre suelto es el gobierno. Ojalá que cuando se entere no sea demasiado tarde.
EL RESTO
Por cierto, el concepto que muchos políticos tienen de la justicia es muy pobre, y explica por qué defienden tanto la reforma judicial.
Le cito lo anterior porque en este conflicto por la reforma judicial se ha vuelto común escuchar a algunos funcionarios o legisladores referir como ejemplo de “la corrupción en el Poder Judicial” una sentencia absolutoria.
Cada que se difunde la libertad de un acusado, el discurso oficial acusa que el juez que otorgó el beneficio es corrupto. Para ellos, la justicia solo está bien aplicada cuando hay sentencia condenatoria.
¿Qué caso tiene entonces el proceso penal? Si bajo la visión oficialista todo acusado debe ser declarado culpable porque si no existió corrupción, entonces lo mejor sería desaparecer los procesos y los juicios en general.
¿No cree usted?
ASI ANDAN LAS COSAS.
