Desigualdad, explotación e impunidad.
El campo mexicano vive una de las peores crisis de la historia, un crecimiento desordenado y prolongada sequía.
Las tierras más fértiles y productivas del país son propiedades de las familias más ricas de cada entidad federativa, donde la agricultura y la ganadería son de los sectores más productivos de México.
La pizca y el trabajo arduo es para la clase más necesitada que trabajan largas horas con sueldos muy raquíticos, sin seguridad social y sin servicios médicos que garanticen su bienestar familiar y laboral.
En 2022, el 68 por ciento de la población urbana era pobre y el 37 por ciento tenía condición de pobreza extrema; mientras que el 88 por ciento de la población rural era pobre y el 62 por ciento vivía en pobreza extrema, de acuerdo a informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El crédito agrícola en México es uno de los tres más bajos en América Latina.
Representa sólo 1.9 por ciento del total del financiamiento disponible en el país, asegura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Y el pasado mes de abril del año en curso, la Cámara de Senadores aprobó el decreto mediante el cual queda sin efecto o se extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, institución destinada a ofrecer créditos a todas actividades productivas que se localizan en zonas rurales.
Lo que ha generado que productores rurales se vean obligados a solicitar financiamientos para solventar sus gastos en el campo, los cuales llegan a pagar más del 25 por ciento de intereses con instituciones de crédito, lo que los orilla a perder sus tierras y abandonar sus actividades.
En México, la agricultura es la principal fuente de trabajo, ahí se emplea el 45.9 por ciento, mientras que en servicios está el 33.2 por ciento y en la industria 20.9 por ciento.
En el país la incidencia de la pobreza comprende tres cuartas partes de la población, lo que representa el 72.9 por ciento de la población al cierre del 2020, lo que contrasta con los datos oficiales que señala que al menos la mitad de los mexicanos son pobres lo que representa el 41.9 por ciento, de acuerdo a la Cepal.
Vegetales mexicanos como el tomate, cebolla, limón, plátano, mango, aguacate, nuez, fresa, melón, zarzamora, chiles, pimientos y uva de mesa son algunos de los productos que llegan a países de América, Asia y Europa.
El progreso económico y los millonarios ingresos que obtienen las familias adineradas del país por los productos de exportación no se ha visto reflejado en brindarles mejores condiciones laborales y de vida a sus empleados.
Los campos de negocio agrícola que se ubican en entidades como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Baja California, entre otras, han sido objeto de visitas de inspección por parte de personal de la Secretaría del Trabajo federal al tener conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral.
Las jornadas de trabajo son de más de ocho horas por el mismo salario.
Faltan proyectos que mejoren el abasto y la distribución del agua.
El poder económico de las familias adineradas que dominan la extensa cantidad de hectáreas en México, son los que más beneficios logran por los privilegios de los que han gozado para acaparar el agua y potenciar sus cultivos de exportación.
El desarrollo agrícola donde ambas familias tienen cultivos, se potenció tras el descubrimiento de reservas de aguas en el subsuelo y a partir de 1945 en el norte del país, comenzó la explotación intensiva del acuífero.
El desarrollo acelerado de la actividad agrícola y la extracción desmedida de agua entre las décadas de los cincuenta y los setenta trajo como consecuencia la degradación del acuífero, explica José Luis Moreno Vázquez, geógrafo e historiador en su libro Por Abajo del Agua (2006).
El abatimiento y la intrusión salina afectó a los propietarios más pequeños de la orilla del distrito y sólo los agricultores más pudientes adaptaron las innovaciones para continuar sembrando, expone.
Con el paso de los años un grupo de familias privilegiadas son las que han ido concentrando tierras, pozos y agua, al comprarle a los productores más pequeños sus recursos, explica el especialista en política hidráulica en su libro.
El desarrollo de la infraestructura hidroagrícola que fue constituida por el Estado en apoyo a los grandes agricultores.
“Desde su inicio a mediados de la década de 1940, el Gobierno federal contribuyó con el apoyo a la perforación de pozos y la creación de infraestructura de generación y distribución de energía eléctrica. En la actualidad, el subsidio a la energía eléctrica es esencial para que continúe la extracción de agua”, señala Moreno Vázquez.
El 12 de enero de 1994, el Gobierno federal otorgó un título de concesión a los usuarios constituidos bajo la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego para aprovechar el recurso del agua.
En el padrón de beneficiarios, que está conformado en su mayoría por el sector privado, las familias más ricas son de las que más pozos poseen.
José Luis Moreno cita en su libro que la reducción de la extracción de agua y de la superficie cultivada tiene una dimensión claramente clasista.
El resultado es que con los años el proceso de reducción de extracciones y superficies ha desembocado en la concentración del agua en pocas manos, apuntalada, además, por disposiciones legales (Ley de Aguas de 1992), que legaliza la renta y venta de agua, y por la transferencia del distrito de riego no a los usuarios ni a la sociedad, como reza el discurso gubernamental, sino para los agricultores más importantes.
Asimismo, el Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social destaca que difícilmente puede hablarse de una escasez de agua cuando existe la sobreexplotación de los acuíferos.
Más que escasa, el agua está sobre concesionada, mal utilizada, contaminada y muy mal regulada.
Cabe destacar que lo que llama más la atención es el manejo del discurso de la escasez, que parece manipularse para excluir a los más débiles y al mismo tiempo para darles razones a los que ya la tienen, para reclamar dotaciones de agua aún mayores.
TAMAULIPAS REGISTRA AVANCES SIGNIFICATIVOS CON NUEVA LEY GANADERA
A mediados de octubre del presente año, las diversas fracciones políticas que integran el Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, por unanimidad de votos, aprobaron la Ley de Ganadería para el Estado, que regula y determina nuevos lineamientos legales y normativos que tienen como propósito un mejor y adecuado control de enfermedades, protección de la flora, fauna y recursos naturales, así como un regulado manejo de entrada y salida del ganado.
El diputado local Édgar Melhem Salinas, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, se manifestó a favor del trabajo conjunto de sus compañeros de la cámara más alta de Tamaulipas por aprobar dicha ley, la que considera de suma importancia ante los estragos tan complicados por los que atraviesa el campo en México.
Con ello, sin duda, el campo en Tamaulipas se ve fortalecido y el estado avanza de manera significativa en la materia.
Desde hace aproximadamente 30 años que Tamaulipas no registraba un avance en materia legislativa en lo referente al campo.
Con esta importante ley ganadera, Tamaulipas retoma su estatus como estado productor y reactivar a este importante sector económico.
El diputado Melhem Salinas destacó que con esta nueva ley la entidad recuperará el estatus zoosanitario y regresará a los índices de exportaciones de más de 150 mil cabezas de ganado por año, y se posiciona a Tamaulipas a nivel nacional en la materia.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha expresado su sentir ante las ausencias de políticas públicas del Gobierno federal, el cual, desde su opinión, ha ignorado las peticiones de los campesinos tamaulipecos.
El legislador tamaulipeco ha expresado que uno de los temas más apremiantes para los campesinos es la falta de un buen precio para el sorgo y para el maíz, y el Gobierno federal sigue sin escuchar a los productores.
¿Y Usted qué opina?
Nos vemos en la próxima.
