José Inés Figueroa Vitela.-
Los motivos de la Banda delincuencial que asaltó el poder público
estatal durante el pasado sexenio, para mantener putrefacta la estructura
jurisdiccional, siendo del dominio público, tiene confirmaciones recurrentes a
los ojos de la opinión pública.
Las dos primeras consignaciones que la Fiscalía del Estado hizo,
respecto de las primeras 56 denuncias por las irregularidades encontradas
en el nuevo gobierno se hicieron, evidentemente de manera deliberada, a
modo de que no procedieran.
Los jueces determinaron en un caso que no había elementos para
vincular a proceso la carpeta enviada por el Fiscal, y en el otro caso la
“reclasificación”, de la misma manera, porque el “representante social” hizo
mal su trabajo.
Y aún cuando los fiscales cómplices del exgobernador y su pandilla,
en algún momento se pusieran a hacer su trabajo, los tamaulipecos
sabemos que, tampoco los Magistrados fueron electos por haber tenido los
requisitos, capacidades, experiencia, sino en base a las relaciones “íntimas”
con los jefes de la banda a la que siguen perteneciendo, y en consecuencia,
jamás moverán un dedo, emitirán o avalarán una sentencia, que pueda
afectarles.
Imagínese, si una Magistrada fue Directora del DIF estatal, de donde
se dieron no pocas desviaciones y su marido, fue el titular de Comunicación
Social, al que en su tiempo se documentó el pago de facturas a empresas
inexistentes, además de ser público y notorio, cómo creó medios “patito”
para pasarse el presupuesto de un bolsillo al otro.
Así, desde el Presidente del Supremo Tribunal, hasta todos los
Magistrados que el exgobernador de triste memoria “sembró” en el máximo
órgano jurisdiccional local, tienen documentados delitos que han cometido,
por los que no solo estarían cesantes hace mucho, sino sometidos a buen
resguardo.
Y todavía se atreven a criticar al nuevo orden, haciendo proclamas
mentirosas para justificar los nombramientos, que son confesiones de
complicidades y coincidencias inmorales, hasta las cúpulas de la oposición
nacional.
El récord de desapariciones durante el pasado sexenio, la violación
constante a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales por
grupos paramilitares al servicio del delito comandado por el ex, son solo
botones de muestra en el rosario de atrocidades dispuestas y ejecutadas
por el ahora Coordinador de Seguridad del frente nacional prianista.
Nunca hubo y nunca más habrá más perversidad institucional, a la
que se dio en la administración estatal entre el 2016 y el 2022, con
FRANCISCO JAVIER “N” y la banda que desde la Fiscalía, el sistema de
administración de justicia, la auditoría superior y los infiltrados en el aparato
electoral, pretenden perpetuar.
Claro que las proclamas de “bondades” del ex no aguantan la menor
comparación con la realidad, como es un hecho, que la transformación de
Tamaulipas, bajo el liderazgo del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL
ANAYA, camina a paso firme y tranco amplio.
El corte semanal de la incidencia del delito, presentado por el Vocero
de Seguridad, JORGE CUELLAR MONTOYA, dejó constancia de que no
solo los delitos de alto impacto van a la baja.
Los delitos del fuero común están cediendo a la estrategia y los
esfuerzos del gobierno estatal, con una constante que en la última semana
pasaron de nueve, a cinco robos reportados, solo dos de ellos con violencia.
La instalación, Toma de Protesta y Sesión Extraordinaria del Consejo
Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Estado,
encabezada por el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, fue otra
muestra de lo que va haciendo la diferencia.
En el pasado neoliberal, conservador y delincuencial, además del
delito institucionalizado, la economía del consumismo y el desecho
industrial, generó las grandes afectaciones al planeta que amagan su
subsistencia y generan cambios medioambientales que a todos nos afectan.
A ello se refirió el doctor AMÉRICO, donde habló de la nueva
economía circular, de los esfuerzos institucionales y las convocatorias a la
sociedad, para en una nueva conciencia y esfuerzo compartido, trabajar
para la recuperación y reversión de los daños causados.
Con el gobernador, gabinete, alcaldes y representantes populares,
sellaron un compromiso, ante la representación del gobierno federal.
