Rogelio Rodríguez Mendoza
Tan pronto concluya el actual proceso electoral, todos los actores políticos deberán ponerse a trabajar, con urgencia, en una reforma legislativa que inhiba o acabe con prácticas viciadas que le siguen haciendo mucho daño a la democracia.
Una de esas prácticas es la llamada “encuestitis”, que data de hace por lo menos dos décadas, pero que durante los últimos meses ha sido recurrida con mucha más frecuencia por los partidos políticos y sus candidatos, con un fin perverso de engañar o estafar a los electores.
¿Cómo es posible que haya dos o tres encuestas que digan que Claudia Sheinbaum aventaja hasta con 20 puntos porcentuales a Xóchitl Gálvez, y que otras reduzcan esa ventaja a dos o tres puntos de diferencia?
El hecho ocurre porque, ante la ausencia de una reglamentación enérgica, durante los últimos años se han reproducido, como plaga, las llamadas casas encuestadoras, muchas de las cuales se alquilan al mejor postor para elaborar mediciones a modo, que luego son difundidas entre la sociedad como si fueran auténticas verdades.
Son empresas “patito” que se aprovechan de la laxidad de la ley para operar impunemente, sin importarles que con ello dañan nuestro sistema democrático porque con confunden y engañan al lector cuando dan a conocer ventajas que solo existen en el papel.
La elección en curso podría servir como base para sustentar una eventual reforma legislativa, porque seguramente sobrarán ejemplos de esas “encuestadoras” patito.
El dos de junio, al conocerse el resultado final de las votaciones habrá muchas encuestadoras cuyo margen de error las delatará, y probará que solo servían a quienes les pagaban, porque sus pronósticos quedarán muy lejos de las cifras finales.
Así, por ejemplo, actualmente hay casas encuestadoras que dan ventajas de hasta 20 puntos porcentuales a una candidata de otra, o de un partido con otro, mientras que hay también otras cuyo margen de diferencia es sumamente reducido, a uno o dos puntos.
Por eso le digo que, luego de la elección sabremos quiénes mentían y en consecuencia quiénes deberían ser inhabilitadas por la autoridad.
Para ello, sin embargo, insisto, se requiere una reforma a la Ley Electoral, tanto en el ámbito federal como en lo estatal, porque las encuestadoras “patito” lo mismo operan a nivel nacional que en el estatal.
De hecho, en Tamaulipas hay algunas de esas empresas que, nada más con saber quiénes son sus propietarios, quedan desacreditadas. Es el caso, por ejemplo, de una que utiliza el nombre de “Electoralia”.
Otro asunto que deberá ser analizado y debatido es el relacionado con el uso de los teléfonos celulares en las urnas.
¿Debe prohibirse que el elector porte un celular mientras vota? En lo personal me parece que sí, porque hay evidencias abundantes de que una forma de coaccionar el voto es exigiendo la fotografía de la boleta cruzada.
Ojalá la autoridad electoral, partidos políticos y organizaciones sociales, empujen una reforma. No es urgente. Es urgentísimo.
EL RESTO
EL CANDIDATO PARA LA CODHET.- Este 7 de mayo venció el plazo de registros de aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet).
El Congreso del Estado no ha revelado el número y la identidad de quienes se registraron, pero uno de los aspirantes es el abogado, Octavio César González Ledesma.
Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT y con una maestría en justicia laboral, a lo que se suman más de una docena de diplomados, muchos de ellos en materia de derechos humanos, González Ledesma ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional al servicio público desde la misma Codhet, primero como visitador adjunto y luego como coordinador de seguimiento de recomendaciones.
Si alguien conoce las debilidades de la Codhet y del sistema de defensa de los derechos humanos, es González Ledesma. Seguramente eso lo debe colocar como uno de los mejores candidatos para el cargo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
