Rogelio Rodríguez Mendoza
En el México profundo, cuando alguien complica lo simple o altera el orden de las cosas, se dice que “enredó la pita”. Y eso es justo lo que ocurrió con el caso del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar. Una detención sorpresiva, una liberación aún más desconcertante y una avalancha de versiones contradictorias que han derivado en un escándalo mayúsculo.
El delegado fue detenido por elementos de la Guardia Estatal el 22 de abril, en Ciudad Victoria. Llevaba en su camioneta una fuerte suma de dinero en efectivo y un arma de fuego. Hasta ahí, los hechos. Pero lo que siguió fue una tragicomedia institucional: declaraciones confusas, acusaciones de “siembra”, y un silencio administrativo que lejos de apaciguar, incendió el debate público.
Aranza asegura que lo incriminaron. Que el arma y el dinero —más de tres millones de pesos, según trascendidos— no le pertenecen y que fueron colocados deliberadamente por los agentes. Una acusación tan grave como difícil de sostener sin pruebas irrefutables. Y aquí viene el primer gran nudo de la pita: ¿alguien en su sano juicio puede creer que unos policías estatales, con sueldos precarios y todo bajo la mira, tengan el poder —y los recursos— para “sembrar” esa cantidad de dinero?
La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar la oportunidad y, desde su Mañanera, pidió una investigación exhaustiva. Lo hizo con el tono sereno que la caracteriza, pero el mensaje fue claro: algo huele mal. No sólo en la detención, sino en todo el entorno que envuelve a la delegación del IMSS en Tamaulipas.
Y es que no es la primera vez que el nombre del IMSS en el estado se ve envuelto en sospechas. Como lo mencionamos en una colaboración anterior, es un secreto a voces que en esa dependencia se cocina un mercado negro de plazas laborales, se negocian contratos de proveeduría, y se tejen complicidades con el sindicato que deberían ser materia prima de cualquier fiscal anticorrupción con apetito de justicia.
Por eso resulta imperioso que la investigación no se limite a esclarecer si el delegado fue víctima o perpetrador de un montaje. El verdadero interés público está en otra parte: en abrir la cloaca que representa la administración del IMSS en Tamaulipas. Porque si la historia termina en un mero diferendo entre un funcionario y un par de policías, se habrá desperdiciado una oportunidad histórica para desmantelar un sistema de corrupción enquistado.
Mientras tanto, el delegado sigue en funciones. Y eso es, en sí mismo, otro escándalo. Ningún servidor público señalado de un hecho tan grave debería permanecer en el cargo durante una investigación. Su presencia en la delegación solo alimenta la percepción de impunidad, debilita la credibilidad institucional y enturbia aún más el proceso.
¿De qué tamaño será el pacto que lo mantiene ahí? ¿Quién lo protege? ¿Por qué? Son preguntas incómodas que merecen respuestas.
La sociedad merece saber qué ocurrió realmente. Merece saber si el delegado está limpio o si, como muchos sospechan, es parte de una red de corrupción que va más allá de su persona. Y si así fuera, se debe llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
Porque cuando se “enreda la pita” en asuntos de Estado, el desenlace no puede ser otro que desenredar hasta el último nudo. Y exhibir, con nombre y apellido, a quienes han convertido las instituciones de salud en instrumentos de beneficio personal.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
