La designación del nuevo magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, (Trieltam), está más que entrampada.
Por un lado, nos dicen, si se determinara elegir a un titular para concluir el periodo para el que había sido electo el desaforado, Edgar Danés Rojas, que vence el 27 de noviembre del 2025, el designado deberá ser hombre.
En cambio, si la decisión fuera nombrar presidente para un nuevo periodo, la responsabilidad debería recaer en una magistrada mujer.
Sin embargo, la incógnita es si la designación será para un periodo nuevo o para concluir el periodo de Danés.
El artículo 103 de la ley de Medios de Impugnación establece que las ausencias del Presidente serán suplidas, si no exceden de dos meses, por el magistrado electoral de mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad.
No obstante, la ausencia de Danés es definitiva y no temporal, por lo que en razón de ello lo procedente es designar titular para un nuevo periodo.
Pero ahí hay otro problema: Solo existen dos mujeres magistradas, y una de ellas, Blanca Hernández Rojas, ya ejerció como presidenta, en tanto que Gloria Graciela Reyna, tiene sostenida con alfileres su designación como juzgadora electoral, porque no le fue otorgada por el Senado, sino por un acuerdo del Pleno del mismo Trieltam.
Cuestión de recordar que, en octubre del 2021, Reyna fue elegida por el Pleno para cubrir la vacante de Marcia Laura Garza Robles, quien renunció para asumir como consejera del Ietam.
En el caso de los hombres, René Osiris Sánchez Rivas, también ya ejerció como presidente, por lo que la única alternativa para asumir la presidencia parece ser la de, Edgar Iván Arroyo Villarreal.
Pero hay otro problema toda vez que al resolver una controversia constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), determinó que el Pleno del Trieltam podría operar con solo tres magistrados en vez de cinco, como lo determinó en su momento la legislatura local.
Por todo lo anterior y más, es que consideramos que el Trieltam está atrapado en una trampa de la que ahora no sabe cómo salir. Será interesante ver cómo le hacen los magistrados para resolver la ecuación, y tendrán que hacerlo pronto para estar en condiciones de darle solución a los asuntos en cartera.
EL RESTO
¿LO HARÁ?.- ¿Será capaz el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Javier Castro Ormaechea, de postularse para continuar en el cargo?
El abogado victorense fue durante la anterior administración estatal uno de los más cercanos al entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. Desde la Fiscalía Anticorrupción, fue el brazo que usó el mandatario panista para cobrar venganzas políticas y para quitarse del camino a quienes le estorbaban a sus intereses.
La víctima más visible es el exgobernador priista, Eugenio Hernández Flores, quien pasó seis años encarcelado como consecuencia de los procesos fabricados desde la fiscalía anticorrupción.
Como premio a su lealtad, Castro Ormaechea es ahora magistrado.
Con todos esos antecedentes sería un descaro que pretendiera aferrarse al cargo. Veremos y diremos.
GASOLINA A LA HOGUERA.- Un nuevo conflicto agrícola se asoma en el campo de Tamaulipas luego de la pretensión del Gobierno federal de usar el agua de las presas “Marte R. Gómez”, y “El Cuchillo”, para pagar la deuda de más de 850 millones de metros cúbicos con Estados Unidos.
La Federación está jugando con lumbre, porque los agricultores de Tamaulipas están tan golpeados anímica y económicamente como para soportar un nuevo golpe, al despojarlos ilegalmente del agua que les corresponde para el riego del distrito 026.
El hecho se agrava más, porque no hay ningún sustento legal para que la Conagua decida usar el agua de los tamaulipecos para saldar su adeudo con el país vecino.
Ojalá quepa la prudencia en quienes toman las decisiones porque estarían echándole gasolina a la hoguera.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
