Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-
DEFENSA DE JUSTICIA.- Era inevitable. Los encargados de la
defensa de la justicia y los derechos humanos no podían quedarse cruzados
de brazos frente a la flagrante agresión en su contra, enderezada desde los
Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El sindicato de los trabajadores del Poder Judicial Federal anunció
que, a partir de este lunes, iniciará acciones de protesta por el recorte de
más de 30 mil millones de pesos en el presupuesto del Poder Judicial.
Las acciones irán escalando gradualmente hasta culminar en un paro
de labores en todos los órganos jurisdiccionales.
Insisto: era ilógico que quienes imparten justicia se quedaran como
simples espectadores ante la injusticia.
Esperemos que, en el gobierno, y en el Poder Legislativo, tengan la
visión y la inteligencia necesarias para apagar este “incendio” antes de que
se vuelva incontrolable.
Sería lamentable que, por primera vez en la historia, se “cerrarán” los
tribunales impartidores de justicia. Las consecuencias para la población
serían enormes por la cantidad de asuntos que quedarían paralizados.
Un factor a favor de los trabajadores del Poder Judicial es que su
protesta tiene justificación, porque, aunque desde el lado oficial se diga lo
contrario, el recorte que se pretende los afectará a todos y no solo a
ministros, magistrados y jueces.
REZAGO EN PROCURACIÓN.- Por cierto, un extenso trabajo de
investigación del periodista, Diego López Bernal, publicado en El Diario
confirma lo que hemos vendiendo denunciando recurrentemente desde este
espacio: el sistema de procuración de justicia está empantanado.
Los rezagos en judicialización de carpetas de investigación y en
ejecución de órdenes de aprehensión, son alarmantes.
Las implicaciones de ese estancamiento no solamente terminan
afectando a quienes denunciaron un delito y esperan justicia, sino a la
sociedad en general, porque la inacción de la autoridad lleva a los
delincuentes a sentirse impunes y a continuar operando.
Lo peor de todo es que, en la Fiscalía General de Justicia el asunto
parece no preocuparles mucho, porque no se les ven ganas de variar la
estrategia que vienen aplicando y que evidentemente ha sido un fracaso.
El gran problema, nos dicen, es el déficit de operadores jurídicos,
sobre todo agentes del Ministerio Público y policías investigadores, porque
la plantilla existente está rebasada por la carga de trabajo.
“El diseño del sistema acusatorio es bueno, funcional, lo que falla es
el recurso humano, que no hay suficiencia de operadores” nos dijo la
semana pasada un funcionario de la misma fiscalía.
Sin embargo, tampoco se ve mucho interés por encontrar una fórmula
para hacer que entre los profesionistas del derecho sea atractivo convertirse
en fiscales o policías.
Con justa razón, muy pocos quieren arriesgar su libertad y su vida por
sueldos tan limitados.
“BOOM” DE TIERRAS.- Algo y alguien parece estar fallando en la
vigilancia del uso de suelo.
Resulta que, en municipios como Victoria, durante los años viene
ocurriendo un “boom” en la venta de predios suburbanos y rurales, sobre
todo en la periferia de la ciudad.
El problema es que, la venta de los terrenos se está dando a través
de fraccionamientos, que evidentemente incumplen las disposiciones
legales en la materia.
De inicio, hay indicios de que, los promotores de dichos
asentamientos carecen de los permisos legales para fraccionar.
De nada está sirviendo la reciente reforma de ley que endureció los
castigos contra quienes, como en el caso, propicien la creación de
asentamientos humanos sin atender las normas legales de la materia.
Resulta sospechoso que, ni la autoridad estatal, ni la municipal, hagan
algo al respecto, sobre todo ante lo evidente de la violación a la ley.
No vaya a resultar que, en una de esas y atrás de dichos
“fraccionamientos” esté la mano de uno que otro funcionario listillo.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
