Rogelio Rodríguez Mendoza
La amenaza que representa para las elecciones la injerencia de la delincuencia organizada es una realidad a la que no podemos cerrar los ojos.
Las cifras de instancias como el INE, y de organizaciones no gubernamentales, son contundentes y nos dibujan con claridad el contexto en el que se está desarrollando el proceso electoral en curso, que inició en septiembre pasado y tendrá su jornada crucial el dos de junio próximo.
De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, hasta la semana pasada sumaban a nivel nacional 360 los candidatos que habían solicitado formalmente protección personal para seguir realizando campaña. Temen por su vida.
En el ámbito estatal, también hasta la semana pasada, fuentes del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), reportaban 31 solicitudes de protección a candidatos. El dato es alarmante, porque hasta el 19 de abril solo había siete solicitudes y en tan solo siete días se recibieron ¡24 más!
En el caso de Tamaulipas, el “disparo” en el número de solicitudes de seguridad personal se originó luego del homicidio del alcalde panista con licencia de Mante y candidato a la reelección, Noé Ramos Ferretiz.
Las cifras son todavía más preocupantes si analizamos el saldo que a la fecha ha dejado la violencia política en el país.
“Data Cívica”, una organización civil, reveló que, durante el actual proceso electoral se han registrado en el territorio nacional 30 asesinatos de políticos, entre candidatos, familiares y funcionarios.
Por su parte, Integralia sostiene que, entre el siete de septiembre y el 21 de abril, ha contabilizado 501 políticos víctimas de agresiones, lo que da un promedio de 2.2 por día.
¿Qué busca la delincuencia organizada con estos ataques? La respuesta es simple: busca incidir en el resultado de la elección. En cada municipio o estado hay un grupo o cartel criminal que tiene sus favoritos y hace todo lo necesario para allanarles el camino.
Amenazan al o los candidatos adversarios al suyo. Incluso, los “levantan” para darles un ultimátum, sobre todo para que se retire de la contienda. Pero cuando la víctima no accede, la agresión escala y puede llegar a la muerte. Las 30 víctimas fatales contabilizadas en el país son una muestra de ello.
Desde luego que no se trata de algo nuevo. Es un fenómeno que siempre ha estado presente.
Tamaulipas no está exento de ese fenómeno. Existe con mayor contundencia en los municipios fronterizos, donde el poder factico del narco ha sido decisivo en los procesos electorales, incluso desde el momento mismo de la definición candidaturas.
Lamentablemente, y desde este espacio lo hemos advertido, es tanto el poder del crimen organizado que no hay posibilidades de que las autoridades puedan garantizar seguridad a quien lo solicite.
En todo caso, lo mejor que pueden hacer los candidatos es recurrir a sus propios medios y estrategias para protegerse a sí mismos. No hay de otra. Como dice el clásico: es lo que hay.
EL RESTO
¿INTERINO EN LA CODHET?.- Esta en marcha el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet).
Sin embargo, tomando en cuenta de que, elegir a quien sustituya a Olivia Lemus, requerirá el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno del Congreso del Estado, los cuales ninguna bancada reúne, es casi un hecho que la Junta de Gobierno terminará designando a un interino.
Se repetirá la misma historia que con la Auditoría Superior del Estado, que ante la falta de consensos se designó a un auditor interino.
Lo interesante está entonces, en saber quién es el “candidato” de la Junta de Gobierno para que entre en calidad de mientras a hacerse cargo de la Codhet.
Aunque vale aclarar que, esa “calidad de mientras” puede llevarse años, porque la ley del Congreso señala que será interino hasta que haya condiciones para elegir al titular.
¿Cómo la ve?
ASI ANDAN LAS COSAS.
