«¡Despídelos!, ¡con toda su gente, esto no puede ser!». Esa fue la orden tajante, directa, molesta, de un alto mando del Gobierno de Tamaulipas al enterarse que personal de la Secretaria Particular de la Oficina del Gobernador estaba haciendo manejos corruptos, malversaciones, desvíos de dinero de Gobierno de Tamaulipas a cuentas bancarias particulares.
Así, a mitad de la semana pasada, seis «servidores públicos» de la Oficina Particular del Gobernador Américo Villarreal fueron despedidos, dados de baja, corridos, del Tercer Piso de Palacio de Gobierno.
Sabemos que, aparte de esos seis, a otros más se les ha pedido, de la manera más cordial, que presenten su «renuncia», por el hecho de ser subalternos o subordinados del mando señalado como «desviador» de recursos económicos. Ha trascendido que algunos de estos a quienes no se les ha despido sino «solicitado su renuncia» no hicieron corruptelas. Empero, por ser parte del equipo corrupto, les cayó encima eso que en la administración pública o privada se conoce como «pérdida de confianza.
Hemos de enterarnos en los próximos días si la Contraloría estatal emprende acciones legales contra estas personas, que se intuye, sospecha, mal piensa que estaban realizando acciones fraudulentas, factureras desde la campaña electoral del ahora Gobernador.
Como una anotación personal, he de contarles que poco después de su Quinto año de Gobierno, el entonces Gobernador ingeniero Américo Villarreal, tras varias gestiones me concedió en exclusiva para los lectores de El Diario de Victoria en su despacho de Palacio de Gobierno.
El ingeniero Américo respondió preguntas diversas. Y en un momento dado, desde su experiencia de cinco años como Gobernador me dijo: «Lo peor que le puede pasar a un gobierno es ser responsable de acciones de gente que no sabe responder a la confianza que se le otorga».
Y luego añadió: «Otro aspecto es mantenernos con soluciones justas, pero dentro de los espacios de la norma jurídica. No se puede gobernar con el Código Penal en la mano. En ocasiones (me dijo desde su perspectiva de ingeniero civil) hay una realidad jurídica, pero también hay una realidad social, y se contraponen. Lo importante es hacerlas compatibles, hacerlas viables, para buscar soluciones que den respuesta a la realidad social y queden dentro de los causes de la legalidad».
En este contexto, o igual nada que ver, alguno de los funcionarios de la Oficina Particular, muy sentido, dolido, le argumenta a su gente: «Yo no hice nada ilegal. No merezco se me pida la renuncia». NOS VEMOS.
