José Inés Figueroa Vitela
Nunca se debe escupir al cielo -reza la conseja popular-, porque el escupitajo te caerá en el rostro.
En los albores del pasado gobierno estatal, el titular de entonces -de cuyo nombre nadie quiere acordarse- se declaró sorprendido por la deuda contratada dos sexenios atrás, anunciando una investigación sobre el destino de los seis mil millones de pesos en comento.
Bulevares, torres gubernamentales, auditorios, complejos de oficinas, centros de convenciones, plazas, puentes, muchas obras por los distintos rumbos del estado que por sí solas rebasaban el techo de referencia.
Todas, se le vinieron encima a “despistado” enmudeciéndolo; tuvo que inventarle más de un expediente, manipular y sorprender a terceras autoridades, para poder encerrar ilegalmente al exgobernador constructor.
No acababa de soltar la engañifa aquella, cuando de un plumazo duplicó los compromisos del estado con los bancos.
En las cifras de la deuda aparecía la misma cantidad, pero la amortización la mandó al doble del tiempo para terminar su pago y ni un peso se bajaron los pagos mensuales a los bancos.
Enseguida desencadenó una secuela de endeudamientos que no acabó hasta que se fue de Palacio.
A la renegociación de parte de la deuda por ocho mil 500 millones de pesos, más gastos accesorios” de noviembre del 2017, en abril del 2 mil 18 sumó otros tres créditos por mil 650 millones, mil millones y 500 millones de pesos.
Ese mismo año, en septiembre y en octubre obtuvo otros dos financiamientos de a mil millones de pesos cada uno.
Es decir, en dos años y dos meses de la gestión del pasado sexenio, el Estado sumó nueva deuda por cinco mil 113.43 millones de pesos pagaderos a 20 años, que luego tuvo otras agravantes de las que más adelante abundaré.
La pregunta hoy es ¿por qué tanto escándalo de los panistas incluido el hermano y cómplice del “ex”, por un crédito de mil 100 millones pagaderos a menos de cuatro años -lo que resta de la gestión- solicitados por el actual gobierno?
De aquellos primeros financiamientos del pasado gobierno, lo que sobró fue la opacidad, la sospecha, las inconsistencias y el seguro desvío de buena parte de los fondos con los que se megaendeudó al Estado, sin beneficio tangible.
Los contratos se modificaron hasta en tres ocasiones para cambiar el destino del recurso, con una danza de los números ilógica, que al final terminó en el total desconocimiento de qué fue en lo que en realidad se gastó o quién se embolsó el dinero.
Al principio dijeron que iban a hacer 36 estaciones de seguridad carretera, a terminar de construir el nuevo penal estatal, cuatro complejos de seguridad y a reconstruir cuatro penitenciarías.
Al penal no le movieron ni el óxido y las modificaciones ya no incluyeron el número de estaciones, que al parecer se quedaron en menos de 15.
Otro botón de muestra, la ampliación del complejo de seguridad, con menos acciones subió de 39.2 a 70 millones de pesos y los complejos de nuevos de Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico pasaron de 337, 235 y 337 millones, respectivamente, a 311, 220 y 238 millones de pesos.
Con esas acciones y el mismo monto, sumaron la tercera etapa de la Universidad de Seguridad y Justicia por una inversión de 161 millones de pesos, sin mediar explicaciones o justificaciones.
La presencia de la pandemia del coronavirus fue el pretexto perfecto para seguir endeudando al Estado.
Ahí sí ya no se midió el exgobernador de triste memoria y sacó del Congreso bajo su égida, una aprobación por cuatro mil 600 millones de más deuda.
El escándalo llegó hasta el Senado de la República, donde el hoy gobernador, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, elevó el clamor de los tamaulipecos, solicitando una investigación a Hacienda Federal.
“Solo” alcanzaron a sacar mil 500 millones de pesos en noviembre del 2020 y mil 200 millones en septiembre del 2021; ya habían perdido la mayoría en el Congreso local y entonces anunciaron que “ya no iban a necesitar” lo otro.
Habiendo perdido también la gubernatura, en julio del 2022, de manera unilateral el entonces Presidente de la diputación permanente -El MOYO GARCÍA- decretó que “los remanentes” del crédito aprobado “para la pandemia” debían ejercerse en un “máximo” de tres años, en lugar del término “mínimo” que aparecía en el decreto original.
Antes también, en el segundo decreto modificatorio de los primeros financiamientos, “colaron” una renegociación que, sin modificar los plazos, reiniciaba los pagos por amortizaciones no cubiertas en los 20 meses previos, disparando los pagos a los bancos que heredaron al nuevo gobierno.
¿Opacidad?, ¿sospechas?, ¿agandalle?, ¿desvíos?, ¿malversaciones?
Que alguien le preste un espejo a los CABEZA, a sus leales y compinches.
En el aquí y ahora, que no jodan; a nadie sorprenden.
