Rogelio Rodríguez Mendoza
De acuerdo a los dichos del fiscal anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco, muy pronto será anunciado un paquete de órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la anterior administración estatal panista.
Se trata de exservidores públicos contra los que se han venido integrando carpetas de investigación por diversos delitos de corrupción. Se les acusa de irregularidades financieras cometidas en el manejo de los recursos públicos que tuvieron bajo su cuidado.
La pregunta es: ¿Entre las órdenes de aprehensión a que se refiere el fiscal, hay alguna contra el exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y de quienes fueron sus secretarios de gabinete? ¿O se trata solo de aprehensiones contra quienes se desempeñaron como jefes de departamento o directores? Segundones, pues.
Son válidas las interrogantes porque, en función de lo que se nos ha dicho, entre las más de 50 denuncias penales formalizadas hay algunas que involucran directamente al exmandatario estatal y a algunos de quienes fueron sus principales colaboradores, entre ellos el actual coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, cuyo último cargo en el anterior gobierno fue precisamente como secretario general de gobierno.
En el discurso público se ha acusado a Cabeza de Vaca de ser el principal saqueador de las arcas estatales, lo que hace suponer que habrá en su contra, no una sino varias denuncias penales, y que por obvias razones deberán ser estas las que tengan prioridad en la tarea de la fiscalía anticorrupción ahora bajo el mando de Govea.
De ahí la interrogante de si el exgobernador va incluido en el paquete de órdenes de aprehensión.
La lógica indicaría que así deberá ser, por dos razones: una, porque la justicia no hace distingos y debe aplicarse por parejo, sin importar de quien se trate; y dos, porque políticamente significaría neutralizar los proyectos políticos de Cabeza de Vaca.
Sobre todo, porque hacia dentro del PAN tamaulipeco hay voces que insisten en negar las versiones que hablan de un retiro definitivo de la política de Cabeza de Vaca.
Por el contrario, aseguran que está preparando su regreso a la competencia en el 2027, cuando intentará nuevamente ser diputado federal.
Por supuesto que el proyecto del cabecismo incluye dar la pelea por la gubernatura del estado en el 2028, obviamente con Ismael García Cabeza de Vaca, como candidato. Es así, aunque muchos no lo crean ahora.
En razón de todo ello, parecería que es el momento oportuno para que la fiscalía anticorrupción descarrile ese proyecto cabecista. Tiene los elementos y los medios para hacerlo.
La cuestión es: ¿Lo harán?
EL RESTO
SIEMPRE NO.- En el Ietam deben haber pasado muy pronto de la emoción a la tristeza.
Resulta que en la propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025 del Gobierno estatal, se le estaban asignando recursos por 1,023 millones de pesos, muy superior a los casi 566 millones de pesos que se le aprobaron para el 2024.
Sin embargo, este jueves, la comisión de finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública, le dijo que siempre “no”, y le redujo el presupuesto ¡en 437 millones de pesos!
Prácticamente los diputados le están diciendo, “arréglatelas como puedas”, para realizar la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado.
Será interesante saber lo que dice al respecto el consejero presidente del árbitro electoral, Juan José Ramos Charre.
¿EN SERIO, DIPUTADA?.- A pesar de ser la segunda legislatura local de la que forma parte, la diputada del PAN, Marina Ramírez Andrade, sigue sin comprender la inutilidad de los llamados puntos de acuerdo, con los que se acostumbra realizar exhortos a alguna autoridad.
Durante la plenaria del pasado miércoles, la legisladora por San Fernando subió a tribuna para proponer un llamado a los gobiernos, ¡para que cuiden a los paisanos!
¿En serio, diputada, cree usted que se necesita un exhorto para ese tema? ¿Considera que con un llamado de esa naturaleza se acabará con las extorsiones policiales a los migrantes?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
