Ma. Teresa Medina Marroquín.-
El conflicto desatado entre la bancada morenista que lidera Úrsula
Salazar Mojica y los abogados del exfiscal Anticorrupción Raúl Ramírez
Castañeda, se ha convertido en una tremenda maraña que genera
amparos, debates y disputas.
Así, de pronto, la primera impresión es que las leyes no tienen, y
cuidado con esto, capaces, calificados y reconocidos traductores de lo que
definen (según esto) sus códigos, por lo que los litigios suelen desembocar
en una confusión generalizada.
Confusión generalizada que propicia una grave decepción en la
ciudadanía esperanzada (ahora ya mucho menos) en que la impunidad deje
de ser, como la delincuencia organizada, parte de otro gobierno que le
impide al gobierno legítimo y electo democráticamente administrar
correctamente los recursos públicos y destinos de un pueblo.
Pero, aparte de esos laberintos legales que se forman de la noche a
la mañana, y que son ya tan comunes ante la ausencia de renombrados,
imparciales e ilustres doctores de la ley, y no de los simples y corrientes
burócratas y merolicos de la misma que abundan y alardean de “abogados”,
la desgracia social son las energías malignas y oscuras que desprenden
este tipo de batallas legales.
Son tantas y constantes estas disputas que ya se han vuelto una
terrible calamidad para el pueblo que espera, ya no paciente, los resultados
de sus autoridades electas en las urnas.
Y que fueron electas porque en su momento resultaron notables, en
sus campañas políticas, sus convicciones y sus interpretaciones sobre la
crisis en la que se debate la nación, así como sus propuestas para salir
airosos de esas dificultades sociales.
JUECES FOMENTAN LA IMPUNIDAD
Pero, al margen de esa confusión y falta de congruencia de los
impartidores de justicia, muchos de ellos ajenos a las magnitudes de los
fenómenos sociales que claman la justa aplicación de las leyes, la pregunta
es si estos burócratas de la ley (corruptos además), como son acusados
ahora no pocos jueces federales, carezcan evidentemente de la capacidad
de interpretación jurídica, ignorando que las leyes no son siempre justas
para solucionar un problema tan serio como el que atañe a la Fiscalía
Anticorrupción de Tamaulipas.
No puede ser, en serio, que toda esa burocracia basura que degrada
a la administración de la justicia sea la que impere, y que los jueces de
distrito, como los del fuero común en otros casos, le den más importancia a
las leyes que a la justicia.
Si el ex fiscal Anticorrupción es un evidente defensor de la terrible
descomposición en que cayó el gobierno estatal panista de Francisco
García Cabeza de Vaca, ¿por qué diablos (pregunta a gritos el pueblo de
Tamaulipas) no aplican la justicia los jueces, negando esos amparos que
fomentan abiertamente la impunidad?
El afán de proteger la putrefacción del pasado es lo que está
frenando el desarrollo de Tamaulipas, y ahí los jueces les importa muy poco
convertirse en cómplices de los corruptos que saquearon los recursos del
estado.
Ellos bien que saben lo que son ciertas leyes que nada tienen que ver
con la justicia, pues a cambio de sobornos millonarios se salen con la suya,
dejando en agonía una cultura jurídica que en apenas unos años se ha
desvanecido del mapa social.
Esto es, como si el sistema político de pesos y contrapesos
dependiera del Poder Judicial, y como si este dictara cuando una ley es
justa y cuando debe ser ignorada a pesar de que tenga ver con el proceso.
ACUSAN DE OPORTUNISTAS A LOS DIPUTADOS DEL PAN
Antier los diputados federales del PAN fueron acusados de
oportunistas al pronunciarse sobre la necesidad de que el Gobierno Federal
otorgue los recursos para la construcción de la Segunda Línea del
Acueducto.
La crítica radica básicamente en que cuando el gobernador Américo
Villarreal Anaya gestionaba los presupuestos para esta obra, los
legisladores del blanquiazul ignoraron las necesidades de la ciudadanía.
Pero como ya son tiempos electorales, ¡se “acordaron” de los victorenses!
¡Feliz fin de semana!
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