En el Congreso del Estado de Tamaulipas hay una epidemia silenciosa, pero escandalosa: la ausencia reiterada de varios diputados a las sesiones del Pleno y a los trabajos en comisiones. Y aunque esta conducta vulnera el compromiso más elemental que asumieron con la ciudadanía —el de representar—, no hay castigo ni consecuencia alguna.
Lo más lamentable es que esta práctica se ha vuelto tan común que ya ni siquiera provoca sorpresa. Se asume como parte del paisaje legislativo. Faltar, sin razón de peso y sin justificación pública, ha dejado de ser una excepción para convertirse en una costumbre institucionalizada.
Y es que, aunque la Ley Interna del Congreso establece que las inasistencias injustificadas deben generar un descuento en las dietas de los legisladores, no se conoce un solo caso documentado en el que se haya aplicado esa sanción. No hay registros de descuentos, ni reportes financieros que muestren deducciones, ni mucho menos señalamientos públicos a los faltistas. La ley, como tantas en nuestro país, existe… pero no se cumple.
Quienes conocen los vericuetos de esa norma señalan que sus vacíos permiten toda clase de malabares. Por ejemplo, basta con faltar dos sesiones y aparecer en la tercera para evitar que la ausencia sea acumulativa.
Además, hay solo tres causales para justificar inasistencias, pero la decisión final sobre si una falta es válida o no queda en manos de quien preside la sesión, ya sea en comisiones o en el Pleno. En otras palabras, todo se reduce a un juicio discrecional.
El caso más representativo de esta irresponsabilidad legislativa es el del panista Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. A seis meses y medio de iniciada la actual Legislatura, el diputado se ha ganado —a pulso— el título de “el gran ausente”. Su falta de compromiso raya en la desfachatez. Y lo peor es que no se oculta: su comportamiento parece un desafío abierto para ver si alguien se atreve a sancionarlo.
Hasta ahora, nadie ha respondido ese reto. Todos callan. Todos lo toleran.
No es descabellado pensar que Morena no se atreve a poner orden porque varios de sus legisladores también se ausentan con frecuencia. Aplicar la ley como debe ser significaría aplicar la guillotina sobre su propia bancada. Y en tiempos políticos, nadie se dispara al pie.
Pero más allá de las estrategias y conveniencias partidistas, lo cierto es que esta conducta es una falta de respeto profunda hacia los ciudadanos. Los tamaulipecos no votaron para tener diputados a medias, que asisten cuando quieren y trabajan cuando les da la gana. El cargo que ocupan no es decorativo, ni debe usarse como trampolín político o símbolo de estatus. Es una responsabilidad pública.
La democracia, para funcionar, necesita presencia activa, no solo nombres en una curul.
Es urgente reformar la Ley Interna del Congreso para cerrar esos vacíos que hoy protegen a los faltistas. Se debe establecer un mecanismo automático, transparente y obligatorio para aplicar sanciones económicas, y en casos de reincidencia, incluso medidas disciplinarias más severas. Pero, sobre todo, se requiere voluntad política para dejar de solapar una práctica que daña al Poder Legislativo y erosiona la confianza ciudadana.
Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo diputados de humo: aparecen en campaña, se esfuman en el cargo y regresan en busca del siguiente puesto. Porque, tristemente, el ausentismo también se hereda como estilo político.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
