Felipe Martínez Chávez
El vocero de Seguridad, Jorge Cuéllar, no se anduvo por las ramas: Le restregó a Francisco Cabeza de Vaca que los escoltas que “salvaron” su hijo (“interceptado por hombres armados” en Soto las Marina), son elementos de la Guardia Estatal “pagados por el estado”.
Don Francisco quiso ofender al gobierno de la 4T y salió trasquilado. Los estatales disuadieron cualquier intento de abordaje al cachorro, cuando
transitaban por un camino de terracería entre Aldama y Soto la Marina, rumbo a uno de los ranchos de la familia.
Le restregó igual que, “seguramente al exgobernador, desde donde se encuentra prófugo de la justicia, no le informaron con veracidad los hechos”.
Tratando de victimizarse, el ex publicó en redes: “Dios y la intervención oportuna de los escoltas lo puso a salvo”, cuando “no hubo amenazas ni violencia”, ni contacto, según la vocería.
Los escoltas son reales, pero no los pagan de su bolsillo los García, son parte del más de medio centenar de comisionados de Seguridad Pública Estatal para cuidar a la prole de siete hijos, más otros consanguíneos.
No fue intervención oportuna. Los uniformados acompañan permanentemente al muchacho como a otros familiares.
Moros con tranchete. Después de la respuesta oficial, el ex enmudeció en redes. Quiso hacer tormenta en un vaso de agua, pero el tiro le salió por la culata.
Hace responsable al Gobierno del Estado “de cualquier acción que dañe a mi familia”, cuando precisamente las fuerzas estatales son las que cuidan a su descendencia, a dos años que dejó el estado.
Delirio de persecución. Ve peligro y maldad donde no los hay, pero eso sí, listo para acusar. ¿Será capaz de presentar la denuncia ante la Fiscalía, como lo dijo en redes? se duda. Los incidentes fueron imaginarios.
El titular de Seguridad, General Chávez, confirmó a mediados del 2023 que, hasta 67 policías, utilizando 15 patrullas, se encargan de la seguridad del exgobernador, familia y dos exsecretarios de su gabinete, para dar cumplimiento a la reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Estatal, promovida por el panismo.
Francisco y los suyos ocupan 56 policías que cobran 20 mil pesos mensuales como sueldo, lo cual, sumado a los vehículos y combustibles, anualmente arroja cifras millonarias pagadas con los impuestos de los tamaulipecos.
Es el único exgobernador que goza de ese privilegio. Eugenio Hernández Flores no trae guardias del Estado, en su tiempo se los quitó Pancho. Menos goza de ese servicio Manuel Cavazos Lerma, a quien no le gustan los “guaruras”. Se mueve solo, sin ostentaciones, sin dinero. Vive en
la medianía.
Urge que algún diputado de la 66 Legislatura presente iniciativa para modificar el artículo 19 de la Carta Estatal, cuyo decreto, emitido por el Congreso en 2021, se le conoce como “Ley Guarura” por dar seguridad “de
por vida” a los ex.
Esos policías, distraídos en cuestiones particulares, necesitan sumarse a las tareas de protección a los tamaulipecos que tanto lo necesitan ¿no le parece a usted?
Tema aparte, mire que la senadora de primera minoría por Tamaulipas, Imelda Sanmiguel Sánchez, alcanzó “huesito” que mejor ni debería divulgar entre sus amigos, menos en redes.
Le dieron una de las siete secretarías de la Mesa Directiva. Arriba hay
cuatro vicepresidencias, el jefe Gerardo Fernández Noroña y el líder Adán
Augusto López. Mejor debería quedarse callada.
Igual de pobre la “comisión” para el “señorito” José Ramón Gómez Leal, senador por esta tierra. Le dieron la de Administración del Congreso, que no le alcanzará para andar como burro sin mecate por Tamaulipas, promoviéndose rumbo a la gubernatura.
Sesión del Ietam el jueves. Van por “Toñito” Medina Jasso, alcalde de
Soto la Marina, como candidato independiente que fue a la reelección.
Les jugó el dedo en la boca a los consejeros, no hizo caso a las medidas cautelares que le dictaron, no cumplió con sendos juicios sancionadores por utilizar a menores de edad en su campaña. Omitió retirar su propaganda de redes.
Aunque el Instituto no tiene dientes, le pueden aplicar multas por cien mil varos. Ya lo tienen con apunte doble en el catálogo de sujetos sancionados.
El doctorcito salió más chulo que bonito.
“Toñito” muestra igual rebeldía con la Auditoría Superior. No proporcionó informes de los gastos del municipio, en dos años. Es posible que su destino, a corto plazo, sea algún Cereso.
En Reynosa, este cinco de septiembre, el alcalde Carlos Peña Ortiz rendirá su Tercer Informe de administración. Todo en la austeridad. Primero
la entrega a cabildo y luego comparecer ante la ciudadanía en el Salón La Cantera, a las 10:00 horas.