José Inés Figueroa Vitela
El escenario político que se presenta en el caso de Victoria, es un claro reflejo de las tensiones inherentes a la gestión pública, en el contexto de las personalidades propias de los actores políticos.
La reciente denuncia presentada por un grupo mayoritario del Cabildo contra el alcalde EDUARDO GATTÁS BAEZ, por presuntas irregularidades en el ejercicio del poder, pone de manifiesto la crítica necesidad de un marco normativo y una praxis que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.
La inusual ratificación de funcionarios por parte del alcalde, además de la ausencia de personal en el Palacio de Gobierno Municipal para recibir notificaciones, generó expresiones de duda, sobre la administración actual y su compromiso con la legalidad.
Es esencial destacar que, en este contexto, la premisa de que “no hay culpables ni inocentes” hasta que se emita una sentencia formal es fundamental.
Sin embargo, no se puede ignorar que la percepción pública juega un papel crucial en la legitimidad de las instituciones.
La falta de claridad en el proceder administrativo puede alimentar la desconfianza hacia las autoridades.
Por ende, es imperativo que el proceso en curso no solo sea transparente, sino que también se perciba como tal por la población.
La participación activa de los ciudadanos en el seguimiento de estos casos es vital para fomentar un entorno donde la rendición de cuentas sea la norma y no la excepción.
Por otro lado, el proceso de selección del nuevo Fiscal Anticorrupción se presenta como una oportunidad valiosa para fortalecer las instituciones encargadas de combatir el desvío y la simulación en el manejo de los recursos públicos.
La aceptación de la renuncia del anterior fiscal y la apertura de la convocatoria para nuevos aspirantes, son pasos en la dirección correcta que hoy encuentra su punto culminante en la elección del relevo.
La calidad de los candidatos y la transparencia en el proceso de selección, han sido cruciales para asegurar que la FECC finalmente funcione de manera efectiva, tras dos años de oscurantismo cómplice.
La participación de la Comisión legislativa, en la evaluación de los precandidatos ha sido exhaustiva y objetiva, garantizando que solo aquellos que realmente cumplan con los requisitos y posean la integridad necesaria sean considerados para el cargo.
Es evidente que la lucha contra la corrupción, no solo implica la persecución de delitos, sino también la creación de un ambiente donde la ética y la moralidad sean pilares fundamentales de la administración pública.
En este sentido, la declaración de que “en estos tiempos de transformación, a nadie se persigue por cuestiones políticas”, pronunciada por el diputado presidente, HUMBERTO PRIETO HERRERA, aunada a la advertencia de que tampoco, nadie estará por encima de La ley, encaja a la perfección en las aspiraciones profilácticas compartidas.
La historia reciente, nos ha enseñado que las implicaciones políticas en los procesos legales pueden ser profundas y polarizadoras; la independencia de las instituciones y su capacidad para operar sin injerencias externas es crucial para el fortalecimiento de la democracia.
El caso de Victoria y la selección del nuevo Fiscal Anticorrupción son, por lo tanto, síntomas de una realidad más amplia que nace en la necesidad inaplazable de fortalecer las instituciones democráticas.
El combate a la corrupción, ha sido un tema persistente en la agenda pública, y es imperativo que se aborden las causas estructurales que la alimentan; la educación cívica, la participación ciudadana y el compromiso de los servidores públicos con la ética, puntualmente convocados por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA. La ciudadanía debe ser parte activa en el escrutinio de sus gobernantes, y los mecanismos de rendición de cuentas deben ser accesibles y efectivos; en la transición prevalece la deuda de llamar a cuentas a los del pasado sexenio que “se despacharon con la cuchara grande”.
El camino hacia una gestión pública más transparente y responsable es largo y complejo; aquellas, son oportunidades para reflexionar sobre la importancia de la ética en el servicio público y la necesidad de un sistema que garantice la rendición de cuentas.
Las instituciones deben trabajar en conjunto con la sociedad civil para construir un futuro donde la corrupción no tenga cabida, y donde la confianza en la administración pública sea restaurada.
Solo así se podrá avanzar hacia un verdadero estado de derecho, donde la justicia y la equidad sean la norma que, de esas primicias, volverán la paz y la armonía que se fueron, cuando la descomposición asaltó el poder público.
