Rogelio Rodríguez Mendoza
Este viernes, el Congreso del Estado decidirá a quien coloca al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para los siguientes ocho años, contados a partir del uno de noviembre.
Sin embargo, independientemente de quien de los diez aspirantes vaya a resultar electo, lo que en verdad importa y urge es hacer de la fiscalía una instancia, de verdad independiente, autónoma, y eficaz en su tarea de investigar y perseguir los delitos de corrupción.
Es importante, sí, por supuesto, que quien vaya a ser el titular de la dependencia sea un profesionista, íntegro, alejado de vínculos políticos y partidistas, pero sobre todo con capacidad probada en el ejercicio del derecho y particularmente en la tarea que tendrá bajo su responsabilidad.
Si la encomienda recae en un perfil con esas características se estará dando un gran paso. Entre la decena de profesionistas que compiten por el cargo hay varios que cumplen con esas exigencias.
Sin embargo, insisto, lo verdaderamente urgente es alejar a la fiscalía de injerencias políticas.
Dicho en otras palabras, es necesario que la dependencia deje de usarse como instrumento para amedrentar, perseguir o castigar a enemigos o adversarios políticos.
Desde su creación, ese es el papel que ha jugado. Para probarlo, basta revisar los resultados logrados. ¿Cuántas personas están encarceladas por actos de corrupción? ¿Cuánto dinero ha sido recuperado como parte de las investigaciones o judicialización de las carpetas de investigación?
Las cifras son pobres. Ayer mismo, Jesús Eduardo Govea Orozco, uno de los aspirantes a la titularidad de la fiscalía, revelaba que, del 2022 a la fecha, la dependencia arrastra un rezago de ¡900 carpetas de investigación!
Peor aún, sostiene que ese rezago no se debe a insuficiencia de recursos o de personal. El origen está en factores precisamente como la politización.
En consecuencia, de poco o de nada servirá que se elija al mejor perfil para dirigir la fiscalía si éste va a seguir recibiendo órdenes desde las jerarquías del poder estatal.
Así ocurrió, sobre todo, durante el gobierno del panista, Francisco García Cabeza de Vaca. Son públicas las historias de políticos acosados y perseguidos desde esa instancia.
El mejor referente es el del exgobernador priista, Eugenio Hernández Flores, quien pasó casi seis años de su vida en prisión por una venganza personal de Cabeza de Vaca.
Por todo ello, ojalá que una vez que el Pleno del Congreso del Estado designe al nuevo fiscal anticorrupción, haya la voluntad necesaria, desde el gobierno, para permitirle que haga su trabajo con objetividad, imparcialidad, pero sobre todo con libertad, alejado de líneas o injerencias externas.
Esa es la única manera de lograr resultados en el combate a la corrupción. De lo contrario, si se sigue con la misma dinámica de limitar el papel de la dependencia a una simple oficina amedrentadora, como hasta ahora, el fracaso en esa lucha continuará.
EL RESTO
Por cierto, este viernes, a las 09:00 horas, el Pleno del Congreso del Estado sesionará por cuarta vez en la semana, con una tarea prioritaria: elegir al nuevo fiscal anticorrupción.
Los diputados decidirán por uno de los diez candidatos al cargo. Todos cumplieron con las exigencias de la convocatoria.
Sin embargo, como lo hemos advertido aquí, son varios los indicios que apuntan a que el elegido será, Jesús Eduardo Govea Orozco.
Así sucederá, a menos que haya un cambio de señal de último momento.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
