Rogelio Rodríguez Mendoza
FUERA DE LUGAR.- A ver, a ver, una cosa es que a través de la firma de un convenio entre el estado y la federación, la Guardia Estatal pueda subirse a las carreteras federales para realizar tareas de patrullaje y vigilancia, y otra muy distinta es que los agentes puedan multar a quienes, por ejemplo, infrinjan el límite de velocidad.
La aclaración se hace necesaria luego de la declaración del diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Marco Antonio Gallegos Galván, anunciando que los guardias estatales podrán levantar infracciones en las vías de jurisdicción federal.
Alguien debería avisarle al morenista que anda fuera de lugar, porque cualquier sanción aplicada por autoridad no competente sería fácilmente combatible por la vía del amparo, con el añadido de los posibles delitos en que se podrían colocar quienes usurpen funciones.
De hecho, le diré que tengo mis dudas respecto a la viabilidad constitucional y legal de la creación de una Guardia Estatal División Caminos que patrulle las carreteras, en coadyuvancia con la Guardia Nacional, como lo pretende Morena y el PRI.
IMPRUDENCIA.- En alguno o algunos de los 36 diputados que integran la 65 legislatura local debería caber la prudencia para evitar que, en algún momento las cosas se salgan de control y “la sangre llegue al río”.
Y es que, contrario a lo que habían hecho anteriores legislaturas, de establecer un pacto para dejar fuera del recinto la competencia electoral, los actuales diputados están usando las sesiones del Pleno para sacar raja o beneficio político.
Lo peor es que, no solo se limitan a usar el discurso o la retórica para descalificar desde la tribuna al adversario y tratar de ganarse simpatías con el elector, sino que se están valiendo de grupos ciudadanos a quienes llevan a las plenarias para dramatizar los temas.
El ejemplo más reciente es lo ocurrido durante la sesión ordinaria del pasado lunes, cuando los panistas llevaron a activistas sociales de Altamira que andan enemistados con el alcalde, Armando Martínez Manríquez, a quien acusan de ordenar golpearlos y “levantarlos”.
Más allá de que sean ciertos o no los hechos, el objetivo de fondo del PAN era causar ruido mediático, y lo consiguieron, aunque a un costo muy alto porque las cosas estuvieron a punto de salirse de control.
Tanto que, el presidente de la mesa directiva, Eliphaleth Gómez Lozano, tuvo que clausurar la sesión cuando todavía no había desahogado ni la mitad de la agenda legislativa.
Ojalá que los coordinadores de los grupos parlamentarios sean capaces de llegar a un acuerdo que evite suceda un desaguisado, porque la línea entre los insultos y los golpes está muy delgada y en cualquier momento se puede romper.
DE MAL EN PEOR.- Por cierto, cada que suben a tribuna todos los diputados tienen unas palabras de agradecimiento o reconocimiento para la tarea de los periodistas.
Sin embargo, ese reconocimiento discursivo no corresponde a lo que ha venido ocurriendo en la realidad cotidiana.
A los comunicadores se les “encorrala” para que no molesten a los “invitados” a los actos públicos, obstaculizándolos en el ejercicio de su actividad; se les cierra el estacionamiento; y últimamente hasta se les maltrata, instruyendo al personal de seguridad para que les cierren los accesos a ciertas áreas del edificio sede del Congreso.
Como diría el clásico, “estábamos mejor cuando estábamos peor”.
ASI ANDAN LAS COSAS.
