Rogelio Rodríguez Mendoza
La escena fue confusa, pero reveladora. Una camioneta RAM, con placas del Estado de México, fue detenida en Ciudad Victoria. En su interior, nada menos que el delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Ávila.
El runrún se esparció como pólvora: ¡Lo detuvieron por corrupción! Minutos después, la vocería de Seguridad Pública salió al paso. Que fue una confusión. Que la camioneta coincidía con otra reportada al 911. Que no hubo nada. Que disculpen las molestias.
¿Una coincidencia? Tal vez. ¿Una señal de algo más profundo? Seguramente. Porque lo que está podrido en el IMSS Tamaulipas no se arregla con un boletín de prensa ni con un “usted disculpe”.
Desde hace años, la delegación estatal del Seguro Social se ha convertido en símbolo de impunidad, tráfico de influencias y negocios oscuros. No es un secreto. Es un secreto a gritos.
Funcionarios que llegan con lo justo y se van con ranchos. Líderes sindicales que predican justicia social mientras amasan propiedades, vehículos y contratos a través de empresas fantasma y proveedores “amigos”.
Y el sindicato, lejos de ser contrapeso, ha sido el instrumento perfecto para encubrir y perpetuar el saqueo. La organización sindical en Tamaulipas es un coto de poder dominado por Pedro Luis Ramírez y su esposa Veda Leticia Gerardo Hernández. Entre ambos se han “rolado” la dirigencia de la Sección X como si fuera negocio familiar.
No solo eso: desde esa plataforma sindical lograron colarse como diputados locales y, por si fuera poco, acumularon una fortuna que no resiste ni la más leve auditoría moral.
El año pasado coronaron su obra: colocaron como “delfín” en la dirigencia a Jorge González Ortiz, su pieza de confianza, para seguir manipulando los hilos del poder sindical y controlando a la base trabajadora como si fuera suya. Eso también se llama corrupción. De la descarada.
El silencio, como siempre, es el mejor aliado del corrupto. El que denuncia, es aislado o despedido. El que calla, asciende. Así de claro. El sistema no está diseñado para sanarse. Está diseñado para blindar al corrupto y castigar al honesto.
Por eso, aunque Aranza Ávila no haya sido detenido, su sola aparición en el radar de una investigación no sorprende a nadie dentro del IMSS. Lo que sí sorprende es que, por una vez, parezca que desde el centro se estén moviendo los hilos para asomarse a la cloaca tamaulipeca.
Y ahí está la pregunta que flota en el aire como bisturí sin mano firme: ¿habrá alguien en el Gobierno federal con el valor de abrir esa herida y limpiarla? ¿O todo quedará, otra vez, en simulación, desmentidos oficiales y el eterno “no pasó nada”?
Porque si algo nos deja claro este episodio es que el IMSS no necesita un médico. Necesita una cirugía mayor. Y urgente.
Porque mientras los pacientes hacen filas interminables por una consulta, y mientras los médicos se enfrentan a carencias absurdas de insumos, hay quienes desde oficinas alfombradas siguen exprimiendo al sistema como si fuera una caja chica personal. Y lo hacen con total impunidad.
La salud pública está enferma. Pero no por falta de doctores ni por recortes presupuestales. Está enferma porque la han infectado con corrupción, ambición y cinismo. Y si no se extirpa a tiempo esa metástasis institucional, lo que está en juego no es un puesto, ni una delegación. Es la vida de millones.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
