José Inés Figueroa Vitela
“Esa era La Paz y la dignidad de que hablaban”, definió con precisión la Presidenta del Congreso Local, ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA.
La respuesta, a pregunta expresa de su opinión, sobre los acontecimientos del 2021 en Camargo, cuando 19 migrantes, fueron asesinados, con tiro de gracia e incinerados los cuerpos, por la policía paramilitar de la pasada administración estatal.
Lo que era del dominio público, desde que los hechos ocuparon la opinión pública internacional, con trascendidos de agencias extranjeras, volvió a cobrar relevancia, con el procedimiento judicial, que apenas inicia contra los presuntos implicados.
Uno de los integrantes del “Grupo de Operaciones Especiales” que participó en los hechos, declaró ante el juez que en efecto, se encontraron los dos vehículos donde se desplazaban los migrantes y empezaron a dispararles, sin motivo.
Tras la ejecución, rocío de gasolina y prendido de los cuerpos, se asienta en la declaración ministerial, los policías se fueron a Reynosa, de donde regresaron después, “a borrar las huellas”, del crimen múltiple.
Esa, que fue una de las muchas atrocidades que desde el Estado se cometieron durante el paso del PAN, ayer pretendió ser justificada por los correligionarios del exgobernador de triste memoria.
El coordinador de la bancada panista en el Congreso Local, MOYO GARCÍA AGUIAR, se atrevió a decir que ese tipo de corporaciones y acciones, “eran las que se necesitaban para contener a la delincuencia, y dieron resultados”.
El también diputado y dirigente estatal panista, LUIS RENÉ CANTÚ, se apresuró a exonerar al ex gobernador, al dicho de que la corporación pertenecía a una Secretaría -de Seguridad- y tenía mandos, sobre quienes se debe aplicar todo el rigor de la ley, y nadie más.
Como si no fuera del dominio público, también la relación directa del ex, particularmente con ese grupo, sobre el que no pocos crímenes se señalaron en su tiempo y las actividades, relacionada con el cobro de cuotas y despojo de particulares.
“No somos iguales”, les recordó ÚRSULA, igual cuando los panistas pretendieron impedir que se llamara a cuentas al Auditor Superior, o se pidiera a la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal, investigue a los dos jueces de Reynosa que han estado impidiendo la acción de la justicia contra FRANCISCO JAVIER “N” y sus cómplices, en el saqueo del Estado durante el pasado sexenio.
¿Y la contra?, como vagabundo en arenas movedizas, manoteando, contorsionándose, gritando en el desierto y hundiéndose cada vez más, consecuencia de sus yerros y excesos.
En el transcurso de la sesión plenaria semanal del Congreso Local, el MOYO panista, también se atrevió a presentar un exhorto, para que el Presidente de la República le ordene a la Guardia Nacional, que vaya a desalojar, a los ciudadanos que se manifiestan frente a la SCJN.
Los Ministros de la Suprema Corte gozan de todas las facultades para llamar a la fuerza pública cuando se cometa un delito en torno de ese Poder; no lo hacen, porque no lo hay y júrelo, no van a ser estos legisladores, quienes van a decirles qué hacer.
Igual de lastimosa pareció la propuesta que leyó el diputado panista, que mandaron a integrarse a la bancada tricolor, ÁNGEL COVARRUBIAS, para exhortar al Fiscal IRVING BARRIOS, dé curso a la denuncia presentada en septiembre del año pasado -cuando salió huyendo a EEUU su patrón-, “por el uso de recursos ilícitos en campañas electorales”.
No escuchó o no alcanza a entender qué significa “no ser iguales”, él, o quien le redactó el escrito.
Ya da flojera, pero repetiré: fuera de su discurso y publicaciones sembradas por ellos, no hay prueba, decomiso, sentencia, testigo, que demuestre que SERGIO CARMONA se hubiera dedicado al huachicoleo, que es lo que siguen repitiendo como pericos, pretendiendo, sin lograr, descalificar al gobierno morenista.
Y claro que en la reunión de trabajo a que ahora fue convidado el Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO AZCANIO, tampoco supo explicar por qué, si la instancia federal encontró inconsistencias en 18 mil millones de pesos, él no ha encontrado ni un solo peso mal puesto al pasado gobierno.
Tras los deslices manifiestos, evidenciados por el Fiscal Anticorrupción RAÚL RAMÍREZ ante los diputados de la comisión respectiva, que ya derivaron en las primeras denuncias, el turno es del Auditor Superior, igual salpicado de no pocas complicidades.
Y como aquel, este también le puso el mal ejemplo del dinero fácil, la tranza y el despojo a su vástago, por quienes deberán correr procesos judiciales paralelos.
En la Fiscalía General de Justicia del Estado, un tal JAIME CIFUENTES, que se dijo “coordinador”, le negó a un adulto mayor el hacerse acompañar de su abogado, para conocer el estado que guardan los expedientes que ah’i promueve, e impidió que le tomara foto a uno de los documentos, que se le hizo extraño.
A observación expresa de que en el juzgado federal donde lleva otros procesos sí le permiten fotografiar el expediente, dice, el coordinador le atajó con que “allá es otra ley la que aplica”.
Las arbitrariedades, en esos mentideros, siguen al amparo de la estructura corrupta que brinda impunidad; la Codhet trabaja de la mano de la Fiscalía, para desarticular las quejas que se presentan.
Como la Fiscalía Anticorrupción, perviven para brindar impunidad a quien ahí los puso en el pasado sexenio.
