A los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no les gusta que les traten de corruptos y huevones, porque no lo son, dicen.
Ese, que sería el argumento por el que se ha iniciado el proceso para una reforma integral del sistema de justicia federal, siguen diciendo, carece de fundamento y provocará un alto costo económico, político y social al país si se consuma.
“En todo acto judicial hay un ganador y un vencido; siempre hay quien reconoce la acción de la justicia y quien la niega, en función del desenlace en la sentencia; los jueces aplican la ley: si en la acción resultan responsables exhonerados, es porque la ley vigente lo permite”.
Contra todas esas expresiones de defensa sobre el actuar jurisdiccional, existe la percepción ciudadana en grado mayoritario, que el sistema de justicia en nuestro país está agotado, putrefacto, ineficiente.
No se vale generalizar, cuando se sabe de funcionarios, en todos los niveles del andamiaje, quienes dan su mayor esfuerzo, hacen acopio de capacidades, preparación y empeño, para cumplir con la responsabilidad pública que se les ha encomendado.
Pero incluso por sobre las más perversas individualidades que alimentan la percepción general, la confianza depositada en las autoridades centrales que salen y las que llegan, expresada en las urnas del pasado dos de junio, sustentan ampliamente ese movimiento transformador en marcha.
En el aquí y ahora, hablar del Poder Judicial Federal, es referirse a los amparos que han extendido certificado de impunidad al exgobernador, su parentela y cómplices, especialmente, quienes permanecen en las instancias jurisdiccionales obstruyendo las sanciones y obstaculizando el desempeño de todo el sector público estatal.
Los CABEZA DE VACA siguen libres, porque los juzgados federales los amparan, mantenemos a un Fiscal Anticorrupción corrupto, por lo mismo y el anterior Auditor Superior del Estado, se fue con todo y las cuentas públicas, desacatando el mandato de sus jefes, los representantes populares, porque el mismo poder judicial federal le extendió la protección.
Los casos de los atroces delincuentes, que en el amparo federal han logrado regresar a las calles para seguir matando, extorsionando y robando a personas inocentes, alterando la paz pública, es otro de los elementos por los que los ciudadanos votaron por el cambio verdadero, definitivo, duradero.
Seguramente pagarán algunos justos, por pecadores, pero en este sistema agotado, los buenos al menos solaparon a los malos, cuidando los privilegios laborales, que aún justificados -no para todos-, no soportan con argumentos válidos su prolongación.
Sobre todo, no, cuando los emolumentos se vuelven un despojo para otros trabajadores con similar esfuerzo, preparación, capacidades, responsabilidades, cuya referencia se ubica en la calidad del mismo Presidente de la República.
No solo el Ministro Presidente y sus pares del pleno; muchos funcionarios del Poder Judicial ganan más que el primer Mandatario del país y en esa cadena, no pocos son quienes casi cotidianamente, atacan el argumento de que “se les paga mucho para sacarlos de la tentación de ser corrompidos”.
Son las famosas particularidades, que salpican hasta manchar todo el aparato de justicia, por sus resultados anidados en la percepción ciudadana mayoritaria.
Como quiera, ayer que marcharon al Palacio Legislativo Local, la representación popular personificada por la diputada ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, presidenta de la Junta de Gobierno y el diputado HUMBERTO PRIETO HERRERA, presidente de la Diputación Permanente que funge en el receso, dieron otras garantías.
Les dijeron a los trabajadores del Poder Judicial Federal en el centro del estado, que cuando llegue la minuta de la reforma, han de analizarla, considerando todas las voces incidentes.
Si alguien ha conocido el rostro oscuro de la instancia jurisdiccional central, ha sido el Congreso local, y dentro de él, la bancada morenista mayoritaria, que lo será más a partir de octubre, cuando instalada la nueva legislatura, con la mayoría calificada sobrada, no habrá ley ni funcionario que se le resista.
Por sobre las ataduras y despliegues deliberados para enrarecer el ambiente, el exconsejero nacional de seguridad, ROBERTO CAMPA CIFRIÁN, puso los puntos sobre las íes, ahora en su calidad de funcionario privado, para el poderoso grupo Femsa,
Reconoció, en Victoria capital que, en materia de seguridad, los objetivos se están cumpliendo y trabajando de la mano con el gobierno tamaulipeco, como lo vienen haciendo, los resultados serán más amplios y rápidos.
Aquí, los esfuerzos y la colaboración interinstitucional y con los particulares, recién reportó un incremento del 30 por ciento en la afluencia turística y en materia de servicios públicos, el disparo en las fugas de agua por el incremento en la presión generada por la mayor disposición del vital líquido, se atiende de manera creciente.
Veremos y diremos.
