Rogelio Rodríguez Mendoza
Poco después del mediodía del 16 de marzo del 2023, el agente de la Guardia Estatal, Cristofer Ángel Rivera Cervantes, y un compañero, patrullaban la periferia de la ciudad de Río Bravo, cuando recibieron una alerta por radio: las cámaras del C-5 habían detectado hombres armados circulando sobre la zona.
Los policías no dudaron para atender el reporte. En el trayecto detectaron la camioneta sospechosa. Encendieron la torreta de la patrulla y le marcaron el alto a los dos ocupantes del vehículo. En vez de detenerse, el conductor aceleró, dando inicio a una persecución.
Cuadras adelante, los policías dieron alcance a los pistoleros. Cuando se disponían a detenerlos, llegaron más hombres armados y los atacaron a balazos. Los emboscaron. Cristofer recibió un disparo en la cabeza. Gravemente herido fue trasladado por sus compañeros a un hospital de Reynosa, pero en el trayecto murió.
El pasado sábado se cumplió un año de los hechos, y no solo sigue impune la muerte del joven policía, porque el homicida sigue prófugo, sino que, además, la familia, sus padres, siguen esperando que el gobierno del estado, particularmente la Secretaría de Seguridad Pública, les pague el seguro de vida al que tenía derecho su hijo.
Una primera justificación de la dependencia, a cargo de Sergio Hernando Chávez García, es de que el anterior gobierno del panista, Francisco García Cabeza de Vaca, dejó de pagar las pólizas de los seguros de los policías, entre ellas la de Cristofer. Eso implicó que el seguro careciera de validez al momento del asesinato.
La presión mediática por esa omisión en el pago de las pólizas, y ante el riesgo de una rebelión de la tropa policial por la injusticia hacia su compañero caído en el cumplimiento de su deber, llevó a la Secretaría de Seguridad Pública a comprometerse a pagar el seguro de vida a Cristofer.
“La instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, es de que se pague el seguro”, les dijo un funcionario del área administrativa a los padres del policía fallecido.
Días antes, en una primera comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría había dicho que se pagaría la póliza a la familia, y que la esposa sería dada de alta en un área administrativa. Cumplió solamente lo segundo.
A la fecha, a más de un año de los hechos, los padres de Cristofer siguen esperando que las autoridades cumplan la voluntad de su hijo: que en caso de una tragedia, como la que enfrentó, sus padres y su esposa quedaran medianamente protegidos en lo económico.
La Secretaría de Seguridad Pública obligó a la familia a iniciar un juicio intestamentario, con el argumento de que, “se necesita para justificar la salida del dinero”. Pero nadie les da certeza de que aun con ello puedan recibir el pago.
Los padres están cansados de tanto burocratismo, pero también decepcionados de la insensibilidad de una Secretaría de Seguridad Pública que, además, es hipócrita, porque cada que un policía muere en el cumplimiento de su deber, le organizan un homenaje de cuerpo presente, en cuya ceremonia se destacan la valentía del caído y se compromete a no dejar desprotegidos a los deudos, lo cual, como el caso de Cristofer, incumple.
La familia de Cristofer presume que el gobernador desconoce la situación. Por eso buscarán la forma de enterarlo. Ojalá los escuche, para que de paso se entere del doble discurso que emana de la Secretaría de Seguridad Pública hacia sus policías.
ASI ANDAN LAS COSAS.
