María José Zorrilla
Puerto Vallarta es uno de los lugares con mayor dinamismo inmobiliario en México con operaciones que van desde los cien mil dólares hasta varios millones de pesos. Es un mercado creciente que tal vez pronto alcance los límites máximos de ventas para luego estabilizar la industria que ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años. Gran parte de estas transacciones son realizadas por el mercado extranjero, principalmente norteamericanos y canadienses que cada vez ven más atractivo el país y sobre todo a paraísos vacacionales como Puerto Vallarta con un clima extraordinario durante 6 meses al año precisamente durante los inviernos más duros para los vecinos del norte. Mientras que acá fluye la inversión extranjera, vemos con preocupación lo que está ocurriendo en Estados Unidos ante la última declaración del presidente Trump sobre los bienes de los inmigrantes.
Al revisar la situación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos de acuerdo a la inteligencia artificial no hay ley que les prohíba tener propiedades y el gobierno no confiscará sus bienes si son deportados. No obstante, el presidente Trump acaba de hacer una declaración de que los inmigrantes ilegales que tengan propiedades en Estados Unidos y no se auto deporten, perderán sus bienes mismos que serán confiscados por el Estado. Es una terrible noticia para los miles y millones de personas que con el sudor de su frente han obtenido trabajo y acceso para adquirir propiedades y de pronto por una ocurrencia fuera de toda explicación pierdan sus “derechos” a los que las inmobiliarias americanas les dieron acceso. Si lo tuvieron y pudieron adquirir bienes es porque no había ley que lo prohibiera. Que acaso no tendría que convertirse en ley para que tal situación pueda ocurrir. A menos que la tan manoseada frase que Estados Unidos es el paradigma de la democracia a nivel mundial se esté derrumbando a pedazos junto con una ristra de acciones y decisiones que están dejando a más de un país, a más de un continente y a más de 20 millones de personas perplejas ante tales declaraciones emanadas de la voz mandante en el vecino Tío Sam.
De acuerdo a la Cuarta Enmienda Constitucional en Estados Unidos se protege el derecho a la propiedad y sin un debido proceso legal los bienes no podrán ser confiscados. Incluso hay bancos y cooperativas que les facilitan créditos a los indocumentados. En México para adquirir un bien se requiere un permiso de residencia temporal o permanente que otorga el Instituto Nacional de Migración y tramitar un Registro Federal de Contribuyentes para poder realizar cualquier transacción económica. Si no es a orilla de playa, cercano a zona federal, o a menos de cien kilómetros de alguna frontera ya no es necesario generar un fideicomiso. Si por el contrario se quisiera adquirir un bien en estas áreas, hay instituciones financieras que se dedican a crear estos fideicomisos en donde los extranjeros pueden asegurar su inversión sin ningún problema. Es realmente triste y lastimoso que las cosas se cambien de la noche a la mañana. Ya hemos visto en muchos casos, en muchos países los problemas que se acarrean al tomar decisiones al vapor. Algunas mediante votación exprés o por decisión presidencial. Tenemos el caso del aeropuerto de Texcoco en México, el Brexit en Inglaterra, los aranceles de Trump y la próxima elección judicial en México. Ojalá no sea una mala premonición esta votación y quienes estamos preocupados por la próxima elección de jueces y magistrados estemos en un error. Así también esperamos que no se haga posible la confiscación de bienes a los indocumentados que le han aportado grandes beneficios a la economía estadounidense. En las últimas cifras que obtuve de una organización de latinoamericanos en Estados Unidos, son más de 400 mil millones de dólares los que se mueven entre los latinos en el vecino país del norte. Obvio no todos son indocumentados, pero ese es el parte del alcance de la economía de los “Aliens” y esperan derrumbarla ¿de la noche a la mañana?
