Rogelio Rodríguez Mendoza
“No habrá favoritismos, ni recomendados”, afirmaron este martes los integrantes de los tres comités de evaluación, que habrán de recibir, evaluar y depurar el listado de profesionales del Derecho que se registren para competir para Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado.
Ojalá que así sea. Resultaría muy lamentable, contradictorio y absurdo, que una reforma constitucional que surgió, según la narrativa oficial, de la necesidad de “erradicar la corrupción” en el sistema de impartición de justicia, se contamine por prácticas viciadas y muy arraigadas en el sistema político mexicano, como el “dedazo” o la línea para beneficiar a determinadas personas.
Debo aclarar que, soy bastante escéptico con respecto al ofrecimiento de los integrantes de los comités de evaluación, pero les daré el beneficio de la duda. Intentaré creerles cuando prometen que cuidarán que quienes resulten postulados sean verdaderamente los mejores perfiles.
Lo ideal, y la obligación de los comités, es que la designación de los candidatos a ocupar los cargos en disputa, esté libre de manipuleos y línea política, particularmente tratándose de aquellas candidaturas a ocupar una de las 20 magistraturas que estarán en disputa y que serán las más peleadas.
Si eso ocurre, seré el primero en aplaudirles, sobre todo porque, insisto, la reforma constitucional nació para ponerle fin a la corrupción judicial, y sería un contrasentido que el proceso de designación de los nuevos juzgadores nazca corrupto.
Desde que comenzó a promoverse la reforma judicial federal, me sumé a ese amplio sector de la sociedad que considera un despropósito elegir por voto popular a quienes imparten justicia, como si se tratara de un concurso de simpatías.
“Si los legisladores y gobernantes se eligen por voto popular, ¿por qué los jueces, magistrados y ministros, no?”, argumentan, tontamente, algunos de quienes defienden la reforma judicial.
De entrada, les diría que, para ser diputado o gobernante no se requiere un nivel de educación. He conocido diputados que a duras penas sabían leer y escribir. Cualquiera puede competir por un cargo de elección popular.
En cambio, para impartir justicia no solo se exige ser perito en Derecho, sino también superar una serie de evaluaciones y filtros, a través de las cuales se demuestre capacidad suficiente para interpretar y aplicar la ley.
En palabras simples: cualquiera puede ser diputado o alcalde, pero no cualquiera puede ser Juez.
Podría enumerar otras razones por las que nunca será lo mismo elegir por voto a legisladores y gobernantes que a jueces, pero basta con la que ya cité.
Sin embargo, como la reforma judicial ya es una realidad, entonces lo que nos queda es exigir que haya transparencia en el proceso de designación de los nuevos jueces y magistrados.
Conozco a la mayoría de quienes integran los comités de evaluación. Se trata de personas con una amplia trayectoria en el ejercicio del Derecho, algunos como impartidores de justicia, otros como servidores públicos, y unos más como académicos.
Veremos si son capaces de resistir las presiones al momento de definir la lista de candidatos, rechazando cualquier recomendación para favorecer a alguno de los aspirantes.
EL RESTO
Por cierto, el presidente del Poder Judicial del Estado, David Cerda Zúñiga, reiteró el pleno respaldo a la reforma judicial y garantizó que, “nos va a salir bien”.
El magistrado atribuye su optimismo a la coordinación que existe entre los tres Poderes (el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo), para el desarrollo del proceso que concluirá con la elección de jueces y magistrados el primer domingo de junio próximo.
Por lo demás, aclaró que no ha decidido si competirá en la elección para continuar como magistrado.
“Lo decidiré cuando se emita la convocatoria” dijo.
Cerda ha logrado construir una buena relación con el Poder Ejecutivo, que seguramente abonará para que la reforma judicial transite conforme a lo proyectado.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
