Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, dejó “plantados” a los diputados que integran la comisión anticorrupción y de participación ciudadana. Estaba citado para comparecer el jueves pasado, a las diez horas, y de última hora mandó decir que no podía asistir porque tenía un compromiso.
Obviamente que los diputados, principalmente los de Morena, andan indignados y advierten que obligarán al funcionario estatal a atender su requerimiento. Hablan incluso de proceder legalmente en su contra por lo que consideran un desacato.
De esa manera le enviaron un segundo citatorio, para este lunes a las 16 horas. Será una segunda llamada.
Sin embargo, la realidad es que no hay forma de que Ramírez Castañeda sea obligado a comparecer, sencillamente porque no hay una norma de coacción que lo sujete a atender el requerimiento de los diputados.
En lo personal, me parece que el funcionario terminará acudiendo al Congreso, pero lo hará como un favor y no por obligación. Es así porque un punto de acuerdo, como el que se aprobó para citarlo, no es vinculatorio.
Bajo esas circunstancias, creo que en el mismo caso de Ramírez Castañeda están el fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica, y el auditor superior del Estado, Jorge Espino Ascanio. Podrán invitarlos a comparecer, pero no obligarlos.
Para obligarlos, los diputados necesitan primero perfeccionar las leyes, estableciendo mecanismos de sanción para el funcionario en caso de que desacate un citatorio, como lo hizo el jueves Ramírez Castañeda.
Mientras eso no suceda, el Congreso del Estado podrá seguir enviando citatorios, pero su cumplimiento quedará a la discreción o arbitrio de los mismos servidores públicos.
Llama la atención que los diputados no se hayan dado cuenta de esa “laguna” legal. Incluso, la semana pasada fue aprobada una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que faculta al Congreso a citar y fiscalizar el trabajo del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero se olvidaron de establecer sanciones en caso de desacato, y con ello dejaron en libertad a Espino Ascanio de comparecer o no.
Habrá que ver si, hoy lunes, el Fiscal Anticorrupción se faja los pantalones para “tomar el toro por los cuernos” y enfrentar a los diputados. No obstante, si de última manera se excusa con cualquier pretexto, no tendrá ninguna implicación legal por las razones ya expuestas.
EL RESTO.
FALLA OPERACIÓN POLÍTICA.- A poco más de siete meses del inicio de la actual administración estatal, de filiación morenista, es evidente que la operación política ha fallado estrepitosamente.
Desde siempre, los gobiernos en general disponen de dos vías para sacudirse adversarios o librarse de los obstáculos sembrados por su antecesor: la legal y la política.
En el caso del gobierno de Américo Villarreal Anaya, resulta evidente que todo lo están tratando de resolver con la ley en la mano, lo cual está muy bien, salvo porque es una ruta bastante larga y tortuosa. Un proceso o un juicio de amparo puede llevarse años en resolverse y a la administración estatal lo que menos le sobra es tiempo.
El ejemplo lo tenemos precisamente con el Fiscal Anticorrupción. Está reprobado en confianza y por lo tanto debería haber dejado el cargo, pero se amparó y ahí sigue, y seguirá muy probablemente hasta que se le termine el periodo para el que fue designado.
Por eso mi afirmación de que ha fallado la operación política. Es la ruta más corta para destrabar conflictos, pero, o no la están usando o los operadores están muy “verdes”.
Quizá por eso cobra fuerza la versión de que el primero que saldrá del gabinete estatal será el secretario general de gobierno, Héctor “El Calabazo” Villegas. Dicen que ya le pidieron a Ricardo “El Negro” Gamundi, un personaje con un pasado bastante cuestionado, que acelere el “calentamiento” porque va a entrar de emergente.
ASI ANDAN LAS COSAS.
