El concepto de justicia que tienen muchos actores políticos, principalmente aquellos que ejercen cargos públicos, está muy alejado de la realidad y raya en lo absurdo y lo grotesco.
En su lógica, para que haya verdadera justicia debe haber, o un acto de vinculación a proceso o una sentencia condenatoria. Cuando no es así, y lo que se dicta es la libertad o la absolución del acusado, entonces lo que hubo fue corrupción.
Así, para quienes ven la justicia de esa forma, un Juez es justo y honesto solo cuando deja en prisión a un acusado, y viceversa, es corrupto, sinvergüenza y falto de ética, cuando beneficia a la persona.
La verdad, es un disparate creer o pensar que eso es justicia. Si las cosas fueran así, ¿entonces de que sirven los jueces?
Los jueces son personas que tienen la autoridad para aplicar el derecho, y juzgar y sentenciar a un imputado, declarándolo inocente o culpable, según las pruebas o datos de prueba que le allegue el agente del Ministerio Público. Esa es su naturaleza. Su razón de ser.
Si se les condiciona a encarcelar a todos los imputados que llegan ante ellos, por consecuencia obvia se pierde su esencia y pasan a ser simples verdugos de la justicia.
El apunte es obligado porque desde hace varios años ha sido una constante la descalificación, desde el discurso público, de todos aquellos jueces que se “atreven” a liberar a un detenido.
Con el añadido de que el linchamiento mediático se hace a priori, sin sustento, y solo porque el “declarante” cree que las cosas debieron ser como él las considera. Quien descalifica ni siquiera se dio tiempo para indagar, para revisar el expediente, o por lo menos tener los datos básicos del hecho.
De ahí nuestra insistencia de que, un requisito básico para quienes ocupan cargos públicos debiera ser una exigencia de conocimiento mínimo del Derecho. Porque, aunque usted no lo crea, muchos de esos actores políticos no saben ni siquiera la diferencia entre una orden de aprehensión y una orden de comparecencia.
Este reportero ha abogado, con necedad, en que la licenciatura en Derecho debería ser obligatoria sobre todo para los diputados. Si eso fuera así, no estaríamos escuchando a muchos declarando barbaridades y arremetiendo, sin sustento, contra los jueces.
Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué no escudriñar el trabajo de la Policía y del agente del Ministerio Público?
Para nada estamos diciendo que no haya jueces corruptos, pero muchas veces, en la mayoría de los casos en que un Juez concede una libertad, ocurre no porque el imputado sea inocente, sino porque hubo deficiencias desde la integración de la carpeta de investigación.
Ojalá y haya reflexión al respecto por parte de quienes descalifican sin sustento, porque eso también es injusticia.
EL RESTO
¿ACUERDO O REPRESALIA?.- Toda una sorpresa fue la desintegración del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la 66 Legislatura del Congreso del Estado.
Primero abandonó la bancada “verde”, Katalyna Méndez Cepeda, y el martes lo hicieron Silvia Isabel Chávez Garay y Blanca Anzaldúa Najera.
Con ello, el PVEM se quedó solo con la diputada, Ana Laura Huerta Valdovino.
La interrogantes es: ¿se trató de un acuerdo o fue represalia?
Seguramente con el paso de los días la respuesta llegará sola. Si es parte de una represalia, tendremos que estar atentos a lo que acontece en el entorno de Manuel Muñoz Cano y Eugenio Hernández Flores.
Figuras que, por cierto, están muy vulnerables en lo jurídico.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
