José Inés Figueroa Vitela
Las manifestaciones de los productores sorgueros en el Valle de San Fernando tiene origen histórico de largo aliento; las motivaciones, aunque coincidentes, tienen ahora terceras incidencias, asociadas por necesidad a lo electorero.
¿Tienen derecho a pedir más por sus cosechas?, lo tienen ¿al nivel que lo plantean?, ni en sueños, ¿es responsabilidad del estado?, no necesariamente, ¿son los productores culpables del ingreso objetivo? También.
El problema de los precios del sorgo existe desde que este se produce aquí y tal vez desde antes.
Es la economía de mercado, la ley de la oferta y la demanda la que cada año, por estas fechas de trillas en el generoso campo tamaulipeco, lo que abate los precios de la producción, desde siempre.
Conocí a un productor, quien alguna vez me comentó que, viviendo en Estados Unidos, alguien le orientó sobre la conveniencia de regresarse a México y dedicarse a comprar lo que pudiera de la cosecha de sorgo en Tamaulipas, guardarla unos meses y luego venderla al doble del precio de compra.
Así lo hizo y de ello vivió holgadamente.
La producción primaria es magnánima; muchas fortunas se han hecho a su amparo a todos los niveles.
Hoy, con todo y el lamento por el acotamiento de los apoyos al campo, la falta de lluvias o el trasvase de aguas, los inmensos campos se ven rebosantes de granos, por todas las carreteras, de San Fernando al norte, prometiendo otra cosecha cercana al millón de toneladas, punto menos que en sus mejores años.
El Estado mexicano carece de recursos para brindarles un sobre costo al doble del mercado a los productores tamaulipecos, independientemente de que no se justifica; son peticiones hechas a sabiendas de que no se cumplirán y entonces, abren el espacio a la promoción de quienes jamás ayudaron al campo, ni a la ciudad, no hicieron obras y se dedicaron al saqueo del presupuesto.
El año pasado, el gobierno concurrió con apoyos de 200 pesos por tonelada; ¿de dónde sacan que ahora obtendrán más de tres mil?
El derecho a la manifestación pública tiene límites y sin detrimento de los delitos cometidos en la obstrucción de las vías federales de comunicación, no hay derecho para causar todos los contratiempos y daños que están generando a particulares, con esas manifestaciones “locas”.
El manoseo político del reclamo tampoco tiene razón de ser: el posicionamiento en el proceso electoral no solo se antoja irreversible; el crecimiento de Morena y el acotamiento del PAN, con sus respectivos aliados, sigue separándolos entre sí, para ganar unos, y en la derrota los otros.
La reciente encuesta de El Norte-Reforma, de tendencia derechista, antiAMLO por antonomasia, en el vecino estado de Nuevo León, su cuna, declaró un empate Técnico de XÓCHITL GÁLVEZ, la candidata del PRIAN, con el emecista, JORGE MÁYNEZ, ciertamente muy distantes de la de la coalición morenista CLAUDIA SHEINBAUM, quien les supera a más del doble.
Ahí mismo aparece el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con la aprobación del 81 por ciento de los ciudadanos… y esos eran los bastiones nacionales del prianismo.
Vox populi, vox dei, las inercias sociales empujar y aunque prevalecen sujetos nocivos, que los desprestigiaron hasta hacerlos ineficientes, inoperantes, indeseables, los órganos jurisdiccionales también dan visos de estar sacudiéndose, de las ataduras del viejo sistema corrupto y corruptor.
En el Tribunal Electoral de Tamaulipas, ayer se desahogaron 19 recursos de apelación y de defensa de los derechos de los ciudadanos, la mayoría de los cuales resultaron improcedentes.
Solo se concedió parcialmente una denuncia, declarando la inelegibilidad de un funcionario de la Universidad Tecnológica del Norte de Tamaulipas, quien se había anotado como regidor suplente en la plantilla de Morena para Reynosa.
De allá mismo, no procedió la impugnación contra el candidato a la reelección municipal, CARLOS PEÑA ORTIZ, por falta de interés jurídicos del promoverte.
Tampoco procedió la denuncia de la bancada del PAN en el Congreso local, en contra de actos de la diputación permanente y la integración de la mesa directiva, de la representación popular, que ejerce en el actual periodo ordinario de sesiones.
Por enésima ocasión, una autoridad electoral les hace saber que los actos legislativos, no son tema de controversia en esas instancias jurisdiccionales electorales.
