Por José Inés Figueroa Vitela.-
Hubo quienes celebraron, desde la oposición, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la impugnación a las reformas constitucionales ordenadas por el exgobernador de triste memoria, para asegurar mantos de impunidad cuando dejara el cargo.
Que para cesar al Fiscal General y al Anticorrupción se requieran las dos terceras partes de los votos de los integrantes del pleno del Congreso Local, después de encontrarle implicación en delitos graves, se ondeó como un triunfo del PAN-cabecismo.
Otra medalla pendida en el pecho de la delincuencia política, común y organizada, personificada por el cabeza y la banda que asaltó el poder público estatal durante el pasado sexenio.
En sus dichos, los Ministros de la Suprema Corte también rieron a carcajadas, burlándose de los reclamos de justicia de los tamaulipecos.
No necesariamente fue así.
Lo que en la máxima instancia jurisdiccional del país se resolvió, fue certificar la libertad y capacidad de los estados para legislar en aquellas materia.
Entre el vaso medio lleno y el medio vacío, quedará claro que así como los togados validaron la antireforma cabecista, igual abrieron la puerta para que la actual legislatura, dé marcha atrás en aquel entuerto que no pretende la independencia de la Fiscalía, sino las complicidades y la impunidad compartida.
Hoy aparece dable, revertir el precepto que amarró la continuidad transexenal, obligando al voto de las dos terceras partes para poder remover al Fiscal, con el amago de que si en diez días no se logra, se anula el valor de los delitos señalados.
Mayor aberración que legalizar el delito no podía haberse dado, más que por la inspiración, de la mente delincuencial, que sigue moviendo piezas para inhibir el desarrollo de Tamaulipas y lastimar a los tamaulipecos.
Igual los juicios políticos contra los diputados locales y federales del PAN, que protagonizaron las agresiones y destrozos del pasado diez de julio en el Congreso Local, requerirán en su momento del aval de las dos terceras partes de los diputados, en las respectivas cámaras.
Y más allá de que se cumplan o no, los requisitos de procedencia, en este como en aquel caso, no hay la menor duda de que los delitos se cometieron, las víctimas existen, la ofensa pública también y de ello ya existe una condena popular ineludible.
Que se inicie el procedimiento y se lleve hasta donde sea dable -no descartaría el despertar de conciencias de tantos diputados como votos se necesitan para sancionar aquellos excesos-, representa en sí, la oportunidad de exhibir y condenar la desviación del oficio político y la representación popular.
Los ciudadanos, con su escaño en el Congreso y los comunicadores, haciendo causa común por la reivindicación del respeto al ejercicio profesional, impulsan los respectivos procedimientos ante el Congreso Local y la Cámara federal de Diputados.
Es público y notorio que les asiste la razón.
