Durante décadas el país ha vivido entre irregularidades diversas, unas causadas por la corrupción, otras por las indiferencias de políticas públicas y otras tantas por las nefastas labores de algunas autoridades municipales que han sido las causantes de no cumplir en términos de gestión urbana.
La migración rural al área urbana derivada de la violencia y delincuencia, principalmente en esas regiones del país, ha detonado al incremento poblacional y demográfico en las ciudades, la búsqueda de oportunidades para lograr tener una mejor estabilidad de vida, ha propiciado el surgimiento de colonias, fraccionamientos y terrenos irregulares.
La expansión continua del área urbana y los asentamientos subnormales representan serios problemas a las autoridades y la ciudadanía, debido a que en ocasiones las políticas gubernamentales que regulan la gestión urbana no cumplen con una mecánica de suelo adecuada que garanticen y velen por la seguridad de la población y su patrimonio y además que contribuyan a cumplir y fortalecer las políticas públicas que valoren y reconozcan a las áreas urbanas como elementos esenciales de intercambio de bienes y servicios, bienestar para el patrimonio e innovación y desarrollo.
A la fecha el 25 por ciento de los municipios en el país tienen mecanismos de planeación de desarrollo urbano y uno de cada cinco mexicanos reside en zonas irregulares, mientras que los instrumentos, mecanismos e iniciativas para la normalización de planeación, ocupación y el uso del suelo urbano y rural con los que cuentan varios municipios del país se encuentran obsoletos.
Hoy se requiere de trabajar de manera activa y continúa en políticas e iniciativas entre el Gobierno y la sociedad para la generación de procesos de planificación urbanística que requieren de garantizar seguridad y preservar la vida y el patrimonio de la ciudadanía, mediante la cooperación y cumplimiento de normas, reglamento y leyes por parte del sector privado para beneficio de la población.
Asimismo, las políticas públicas deben de considerar al medio ambiente y a estrategias de desarrollo económico y social.
Varias ciudades industriales del país hoy registran mala calidad del aire, ruido constante de automóviles, falta de jardines y áreas verdes por la consecuencia de la planificación inadecuada.
Uno de los graves problemas es la contaminación ambiental, debido a que las autoridades municipales no consideraron en su momento establecer zonas industriales adecuadas, regular el tráfico vehicular o promover el uso de transporte público, lo que ha propiciado que aumenten los niveles de contaminación y se vea afectada la salud de la población.
La falta de espacios públicos, escasa iluminación en calles y parques, la ausencia de una distribución eficiente de servicios propicia a tener entornos inseguros para los ciudadanos, por lo que la delincuencia aprovecha esas situaciones para delinquir, incrementando el riesgo de quienes habitan en esas localidades.
Además, esas zonas se caracterizan por no tener servicios básicos como agua potable, electricidad, drenaje, lo que genera ambientes de pobreza y exclusión social.
La carencia y falta de compromiso de las autoridades en materia de planificación urbana genera diversos tipos de problemas que afectan el desarrollo y progreso de las comunidades y de la ciudadanía.
Se incrementa la congestión vehicular, la contaminación ambiental, inseguridad, surge la desigualdad social y se ve afectado el patrimonio cultural, merma la inversión, trastorna el desarrollo sostenible y propicia una mala calidad de vida de la población.
Y qué decir del bum mobiliario en contubernio entre empresarios y autoridades o el poco interés de algunos gobernantes en realizar obras de protección urbana, puentes, encauces de arroyos, drenajes pluviales que son indispensables y requieren las ciudades y la gente para tener una mejor calidad de vida.
Los Planes de Desarrollo Urbano llegan tarde, la presente administración federal ha hecho grandes esfuerzos en la materia y aún falta mucho por hacer.
La Capital del estado no se salva, podemos ver como cada lluvia torrencial y atípica que desborda sus aguas con fuerza sobre calles, bulevares y avenidas las inunda por carecer de coladeras y drenaje que desfogue las arterias y después de las lluvias se registran enormes baches que ponen en riesgo la seguridad de conductores y afecta el patrimonio vehicular. Y qué comentar lo que se vive en Madero o Altamira, donde los cocodrilos se salen de sus hábitats por los altos niveles de agua de los causes del sistema lagunario y andan transitando entre calles, avenidas o el boulevard costero, ubicándose en grave riesgo a la población que vive sobre estas zonas, la que se expone por habitar con las áreas colindantes de los saurios.
La corrupción de administraciones pasadas, el acaparamiento de áreas preferenciales, el desorden en la expedición de permisos de construcción y el crecimiento urbano hoy son problemas a los que muy ligeramente la autoridad les da solución.
Las series de irregularidades que hoy viven y enfrentan miles de ciudadanos debido a la situación geográfica en que habitan los coloca en desventaja con urbanizaciones mal realizadas, ubicadas y trazadas, asentamientos humanos irregulares con y sin permisos de las autoridades, algunas construidas sobre márgenes de ríos y lagunas, lo que los ubica en vulnerabilidad total durante temporada de lluvias y ocasiona que se vean amenazadas sus vidas y afectados sus patrimonios.
Recientemente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación una Norma Oficial mediante la cual establece contenidos generales para planes o programas municipales de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano, que busca determinar el trabajo de estos instrumentos con base en los retos de cada región para garantizar territorios más ordenados y justos.
Ello deriva a esta NOM que se elaboró a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se trabajó a partir de un análisis de 2023 en el que se identificó que la planeación a escala municipal, solo 567 municipios (22.94 por ciento) contaban con un instrumento en materia de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano, de los cuales casi 45 por ciento, fueron publicados hace más de 15 años, por lo que han perdido su vigencia y se encuentran desactualizados.
El documento determina a los gobiernos locales de los criterios adecuados a su contexto territorial, sus capacidades, necesidades y está orientada en ofrecer coherencia y armonía en los instrumentos de planeación territorial que conforman el Sistema General de Planeación Territorial (SGPT).
La administración federal ha trabajado en materia de mejoramiento urbano para disminuir los altos índices de marginación en beneficio de 13.5 millones de personas de 193 municipios de 26 estados.
Así las cosas…
Y usted, ¿Qué opina?
Nos vemos a la próxima.